Canciller Carlos Pareja rechaza denuncia constitucional de Juntos por el Perú y defiende su actuación en el voto en el exterior

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, rechazó este lunes de manera categórica la denuncia constitucional presentada en su contra por el partido Juntos por el Perú (JP). La acción legal, impulsada por el personero legal regional de la agrupación, lo acusa de haber desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico e informático de custodia de los sufragios en el exterior durante la segunda vuelta electoral.

A través de un comunicado, el canciller negó cualquier imputación que pretenda atribuirle "actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los peruanos en el exterior". En esa línea, afirmó que, en atención a su cargo y como miembro del Servicio Diplomático, ha actuado siempre "con respeto a la legalidad, a la neutralidad del Poder Ejecutivo, a la autonomía de los organismos electorales y a los deberes de responsabilidad, eficiencia y lealtad al Estado peruano".

En su pronunciamiento, Pareja sostuvo que, durante el proceso electoral, Relaciones Exteriores "cumplió, en estricta aplicación de la ley electoral, funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales competentes". No obstante, subrayó que "la calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponden al Ministerio". El canciller también señaló que los cuestionamientos planteados ante el Jurado Nacional de Elecciones se refieren, en esencia, a los mismos hechos invocados en la denuncia constitucional. "Por ello, esperaré con serenidad y respeto institucional el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer mi derecho de defensa ante las instancias respectivas", puntualizó.

El canciller Pareja destacó a los peruanos en el exterior que ejercieron su derecho al voto, así como la labor de miembros de mesa y personeros, y señaló que estos connacionales merecen que cualquier cuestionamiento se tramite con responsabilidad y respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Además, indicó que ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores del Jurado Nacional de Elecciones ni los propios personeros de los partidos políticos “han encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral en el exterior que sustente la pretendida acusación constitucional”. El pronunciamiento de Pareja se da luego de la denuncia constitucional presentada por el personero legal regional de Juntos por el Perú (JP), Pablo Salas Charca, quien acusa al canciller de haber desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico e informático de custodia de los sufragios en el exterior. El documento legal, recibido por la mesa de partes del Parlamento, detalla infracciones a diversos artículos constitucionales y la presunta comisión de delitos de fraude electoral y perturbación de actos electorales bajo la modalidad de omisión impropia. JP sostiene en su petitorio que el canciller quebrantó los principios de neutralidad estatal al impulsar cambios que redujeron los niveles de control sobre más de 300 mil votaciones emitidas fuera del territorio nacional. RPP también tuvo acceso a otra denuncia constitucional del congresista Jaime Quito, de la Bancada Socialista y candidato al Senado por JP. Este documento sostiene que Cancillería habría interferido en competencias exclusivas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al solicitar que no se aplique el sistema de escaneo y transmisión digital de actas. La denuncia presentada por Juntos por el Perú sostiene que esta modificación de último minuto alteró los lineamientos de seguridad previamente establecidos, permitiendo que el material electoral fuera trasladado únicamente de forma física mediante vuelos internacionales y valijas diplomáticas. El texto acusatorio argumenta que dicha medida vulneró el principio de intangibilidad de las reglas electorales y la soberanía popular, por lo que solicita una inhabilitación de diez años para el ejercicio de la función pública.

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