La minería ilegal se ha expandido en Cajamarca en los últimos años y hoy más del 70% de los trabajadores mineros que operan en la región son ilegales, lo que pone en riesgo tanto el medio ambiente como la vida de los propios trabajadores, según advirtió la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Renama) del Gobierno Regional (Gore) de Cajamarca.

En entrevista con la Agencia Andina, Sergio Sánchez Ibáñez, gerente de Renama, reveló que de 1.200 trabajadores mineros que iniciaron su proceso de formalización, solo el 28% continúa con el trámite; el resto opera de manera ilegal. A esto se suma otro problema: “los que están activos en las provincias de Hualgayoc, Celendín y Cajamarca, usan el registro de formalización en otras provincias como Jaén y San Ignacio, y eso no es legal”.

El funcionario indicó que están en pleno proceso de evaluación y verificación de esta actividad, apoyando a la Policía Nacional con data para que, al realizar intervenciones, se sepa quiénes están formalmente inscritos y quiénes están suspendidos. “Solo el 28% de 1.200 que iniciaron proceso de formalización continúan el trámite, los demás son ilegales”, reiteró.

A esa cifra se suman unos 500 mineros que operan de manera clandestina y que están avanzando, un número considerable en provincias como San Ignacio, Jaén, Celendín, Cajabamba, Contumazá, Hualgayoc y Cajamarca. “Es un proceso complicado en la región”, afirmó Sánchez, al destacar la articulación con la Dirección Regional de Energía y Minas y la Policía Nacional.

El gerente de Renama aseveró que, de acuerdo a las competencias de cada institución, se programa un conjunto de actividades. En ese sentido, Sánchez indicó que participó recientemente en una reunión del Consejo Regional donde se abordó el tema de la minería ilegal, con representantes de la Defensoría del Pueblo, que maneja datos sobre la conflictividad social y el seguimiento a las carpetas fiscales iniciadas a más de 40 mineros ilegales.

La región ha conformado dos comités de minería, uno en el norte y otro en el sur, con las instituciones competentes. Sin embargo, el funcionario señaló que la dificultad en la zona norte es la ausencia de una fiscalía de medio ambiente. Por ello, junto al presidente de la Junta de Fiscales, se ha solicitado la creación de esta instancia en la provincia de San Ignacio, lo que permitiría agilizar las acciones del comité.

En paralelo, Sánchez detalló que se presentará al consejo regional un nuevo reglamento de sanciones para su aprobación. “Un conjunto de acciones que con la normatividad anterior no nos permitía hacer efectivo las sanciones, básicamente en intervenciones puntuales, en espacios donde hay mayores problemas”, acotó.

El gerente de Renama indicó que en la reciente reunión convocada por el consejo regional, la gerencia de Renama y la Dirección Regional de Energía y Minas expusieron las actividades de fiscalización realizadas desde el año pasado hasta la actualidad. El objetivo es que el consejo considere el apoyo y las acciones a desarrollar en el futuro. Asimismo, la Defensoría del Pueblo de Jaén, Cajamarca, y la OEFA explicaron la situación de San Ignacio y Jaén, y solicitaron al consejo la aprobación de instrumentos de gestión que “presentamos respecto a fiscalización, el nuevo esquema y modificación del reglamento para poder ser más efectivos en el tema de fiscalización y sanción minera”, precisó.

En otro momento, Sánchez reveló que en las intervenciones conjuntas realizadas desde el año pasado en la región se logró incautar materiales e insumos utilizados por los mineros ilegales, principalmente dinamita. “Nos preocupa la manera cómo ingresa la dinamita. Este producto no se compra en la equina, debe haber alguna entidad formal que compra y lo distribuye a esta actividad ilícita”, puntualizó.

Leer artículo completo en gestion.pe →