Un informe del Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales, titulado “Redes y economías criminales: la cara oculta detrás de los productos eléctricos ilegales”, revela que las economías ilegales en Perú moverían alrededor de $31 mil millones, equivalentes al 8% del PBI nacional. De esa cifra, la falsificación vinculada al sector construcción representaría unos $700 millones, de los cuales cerca de $60 millones corresponden al mercado de productos eléctricos: $20 millones en el segmento industrial y $40 millones en el residencial, un sector vulnerable a estos productos.

El documento advierte que estas economías criminales se desarrollan en entornos donde persisten desafíos relacionados con la fiscalización, la informalidad y la capacidad de control. Factores como la inestabilidad política y las brechas institucionales registradas en la última década habrían generado condiciones complejas para enfrentar este tipo de actividades ilícitas en distintos sectores. Según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial en comercialización de productos falsificados, solo detrás de China y Paraguay, que empatan en el primer lugar. El índice también señala que las falsificaciones figuran entre los delitos ilícitos de mayor crecimiento en el mundo, consolidándose como una actividad ligada a redes criminales cada vez más sofisticadas.

El informe precisa que las redes criminales operan mediante mecanismos difíciles de detectar y, en muchos casos, unidos a la corrupción. “Los productos ingresan al mercado sin controles efectivos y son comercializados como artículos ‘seguros’, ‘económicos’ o ‘de calidad’, pese a tener un ADN ilegal, falsificado o subestándar pudiendo ocasionar cortocircuitos, incendios y accidentes eléctricos en viviendas, comercios e industrias”, detalla el documento.

Frente a esta realidad, el Observatorio propone que medir los niveles de incautación, las pérdidas económicas y los accidentes asociados permitiría dimensionar no solo la evasión tributaria, sino también el costo real que esta economía criminal genera para el Estado y la ciudadanía. El informe concluye que el mercado de productos eléctricos ilegales se sostiene sobre una triple estructura: redes criminales que abastecen y distribuyen la oferta ilícita; consumidores que priorizan el ahorro inmediato sin dimensionar los riesgos a los que se exponen diariamente; y un Estado resiliente, contribuyendo así a la permanencia de este mercado criminal.

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