Lo que las autoridades registraron como un sindicato legalmente reconocido habría sido, en realidad, la puerta de entrada de una presunta red criminal a instalaciones de Sedapal en el Callao. La organización conocida como ‘Los Bembos de Puerto Nuevo’ habría utilizado esa fachada sindical para colocar a sus integrantes en empresas contratistas, acceder a una planta estatal y operar desde allí actividades ilícitas, según la investigación policial y fiscal.
El punto de partida de esta historia data del 23 de octubre de 2023, cuando el Gobierno Regional del Callao, bajo la gestión del gobernador Ciro Castillo, emitió una resolución que reconoció legalmente al sindicato Fuerza Comunal Puerto Nuevo. Sin embargo, la documentación revisada por los investigadores reveló que en la junta directiva de esa organización figuraban personas identificadas por la Policía como presuntos miembros de la estructura criminal.
Entre ellos estaban Humberto Cosme Rodríguez, alias ‘Toro’, quien fue acreditado como presidente; su hermano Diego Cosme Rodríguez, conocido como ‘Murris’, en la vicepresidencia; y Michael Torres Amésquita, alias ‘Steven’, como secretario de organización. Durante años, construyeron una apariencia de legalidad que, según las pesquisas, permitió el ingreso de estos individuos a empresas que prestaban servicios para Sedapal.
Los investigados habrían sido incorporados a las planillas de CONCYSSA y posteriormente al consorcio Global Micha. Ambas firmas realizaban labores de mantenimiento de infraestructura y control de estaciones de bombeo de aguas residuales. Desde esos puestos, los miembros de la organización lograron acceder a instalaciones estratégicas de la planta de tratamiento ubicada en Puerto Nuevo, convirtiendo el sindicato en una plataforma para sus presuntas actividades ilícitas.
Las investigaciones del Grupo Especial contra la Criminalidad Organizada revelaron que varios supuestos operarios de Sedapal percibían remuneraciones superiores a los mil soles mensuales, más pagos por horas extras y feriados, aunque las labores consignadas no habrían sido ejecutadas. Durante los seguimientos policiales, se obtuvieron imágenes que mostraban el ingreso constante de los investigados a la planta de tratamiento, la cual, según la investigación, fue transformada en un centro de operaciones criminal. Dentro de las instalaciones, los reportes policiales sostienen que se almacenaban cargamentos de cocaína, paquetes de marihuana y armamento. Incluso se registraron imágenes donde algunos integrantes manipulaban una subfusil Mini Uzi. Los investigadores también detectaron una ruta de escape que conectaba el recinto con calles cercanas.
El avance de las diligencias permitió descubrir presuntas irregularidades en los procesos de contratación. La Fiscalía identificó documentación que habría sido utilizada para superar los filtros laborales exigidos por las empresas contratistas. Uno de los casos corresponde a Michael Steven Torres Amésquita, quien presentó un certificado de especialización en electricidad básica que acreditaba 120 horas académicas en una institución educativa de Moyobamba. Sin embargo, durante las verificaciones, la entidad remitió una comunicación oficial negando que dicha persona hubiera sido estudiante. Para los investigadores, ese hallazgo confirmó la falsedad del documento presentado.
Las carpetas fiscales también vinculan a la organización con delitos de extorsión, narcotráfico y homicidios relacionados con disputas por el control de la venta de droga en el Callao. Entre los hechos investigados figura el asesinato de dos adolescentes de 16 años, conocido policialmente como el caso de las cremoladas.
Tras dos años de labores de inteligencia, videovigilancia y recopilación de información, la Policía ejecutó un megaoperativo en Puerto Nuevo que incluyó el allanamiento de 16 inmuebles y la intervención de ambientes utilizados por la organización dentro de la planta vinculada a Sedapal. Durante las diligencias se incautaron cajas de municiones y aproximadamente tres kilos de marihuana, y el operativo culminó con la detención de nueve personas vinculadas a la presunta organización criminal.
Posteriormente, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para los principales implicados, mientras continúan las investigaciones. Entretanto, las autoridades mantienen la búsqueda de Lessli Llerena Navarro y de su hijo Jesús del Piero Berrios Llerena, quienes permanecen prófugos y son señalados por los investigadores como piezas clave dentro de la estructura criminal.
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