La muerte de un adolescente de 17 años al interior de la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacamac, no puede quedar impune. La Policía Nacional está en la obligación de brindar todas las facilidades al Ministerio Público para que se determinen los responsables de este deceso, que está rodeado de graves denuncias por parte de la familia del fallecido y que dejan en una situación muy delicada a los agentes de la institución.

La víctima, identificada con las iniciales E.J.C.B., fue detenido tras una denuncia por robo agravado. En la noche del 14 de junio último, fue hallado inconsciente y trasladado a un centro de salud, donde falleció. El examen médico legista determinó que la causa de muerte fue “asfixia mecánica por ahorcamiento”. Corresponderá a las autoridades esclarecer si se trató de un suicidio o de un crimen.

Los padres del menor han denunciado que su hijo habría sido sometido a torturas y que los policías les exigieron comida para “agilizar los trámites” relacionados con el detenido. Incluso si se confirmara la versión del suicidio —negada por los deudos—, ello no exime de responsabilidad a los efectivos que debían preservar la vida del menor, como la de cualquier persona bajo custodia. Hasta el momento, seis agentes han sido separados de sus cargos. Desde este diario exigimos una investigación exhaustiva y sanción para los culpables.

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