En el actual clima político peruano, la palabra “fraude” resuena con fuerza. La pronunció Rafael López Aliaga días antes de los sufragios y también Roberto Sánchez desde su trinchera tras la segunda vuelta. Pero, más allá de lo riesgoso que implica poner en duda la transparencia de las instituciones electorales, hay algo que rescatar: la libertad de expresión de nuestros políticos, cuyos lamentos no son silenciados por dictaduras caribeñas. Así es la democracia que debemos cuidar, y también denunciar cuando haya indicios claros de engaño. Este no es el caso.

Según la RAE, fraude es la “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”. Esa definición, en su sencillez, revela lo que a veces es la política misma: el arte del engaño. Fraude es, por ejemplo, hacer promesas solo para ganar una elección; gestas fraudulentas para burlarse del público; acciones contrarias a la verdad; mentir entre la confusión del público. Y esto sí es lo que la democracia permite querellar con pruebas irrefutables.

Fraude es, entonces, cuando un político promete acabar con la pobreza del país, pero comienza por enriquecer a su familia; cuando dice que invertirá los recursos públicos en mejores carreteras, pero al mes estas ya se están descascarando; cuando asegura gastar el presupuesto en obras y servicios de calidad, pero parte de ese dinero va a su bolsillo. Fraude es una palabra que se manosea en los rostros de los peruanos cada vez que van a un hospital y no encuentran medicinas, cuando sus hijos esperan al profesor que nunca llega o cuando no hay más puestos de trabajo dignos.

Eso hay que demandarlo a quienes han prometido entregar un país en mejores condiciones. Desterrar el fraude de nuestros días debiera ser una misión paternal, no solo una excusa electoral. Felizmente podemos exigirla desde la democracia.

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