La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa abrir un proceso disciplinario contra cinco magistrados de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema por haber inaplicado la Ley 32107, conocida como "ley de impunidad", en un caso vinculado a las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori. La denuncia, presentada por un abogado particular, ya fue admitida a trámite y el organismo ha solicitado los descargos de los jueces involucrados.
Según reveló Lima Times, los magistrados que enfrentan la investigación son Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez. En diciembre de 2025, la sala que integraron decidió dejar sin efecto la aplicación de la Ley 32107 en uno de los procesos judiciales relacionados con las esterilizaciones forzadas, al considerar que los hechos investigados constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Esa resolución permitió la continuidad del proceso penal.
La JNJ, que ya había acordado suspender al juez Richard Concepción Carhuancho en otro caso, ahora evalúa sancionar a estos cinco jueces supremos. La denuncia fue presentada por un abogado particular y podría derivar en una investigación disciplinaria formal.
El caso que ahora evalúa la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se originó con una denuncia presentada el 16 de marzo de este año por el abogado José Anderson Tuesta López. La institución derivó el expediente al consejero Víctor Chanduví Cornejo, quien inició las indagaciones preliminares y notificó a los cinco magistrados para que presenten sus descargos. De acuerdo con fuentes citadas por Lima Times, los jueces ya respondieron a los requerimientos. Ahora, Chanduví debe elaborar un informe con una recomendación: archivar el caso o abrir una investigación preliminar que podría derivar en un procedimiento disciplinario.
La decisión que motivó la denuncia ocurrió en diciembre de 2025. En esa fecha, la Sala Penal Transitoria evaluó un pedido de prescripción presentado por la defensa de Edgar Raimundo Ortiz Huamán, investigado en uno de los procesos por esterilizaciones forzadas. Los magistrados resolvieron que la Ley 32107 no era aplicable en este caso. En su resolución argumentaron que los hechos investigados representan graves vulneraciones a los derechos humanos y, por lo tanto, no pueden regirse por las reglas ordinarias de prescripción que aplican a delitos comunes.
La sala también argumentó que estos casos están regidos por los principios del derecho internacional y el *ius cogens*, por lo que la norma del Congreso resultaba incompatible con las obligaciones internacionales del Estado peruano en derechos humanos. Ahora, la decisión inmediata está en manos del consejero Víctor Chanduví Cornejo, quien debe determinar si hay elementos suficientes para avanzar a una nueva etapa. Si recomienda el archivo, la denuncia quedará sin efecto; pero si halla indicios que ameriten una evaluación más profunda, la Junta Nacional de Justicia podría abrir una investigación preliminar contra los magistrados supremos.
JNJ decidirá si archiva el caso o abre una investigación
Con los descargos ya incorporados al expediente, el consejero Chanduví Cornejo deberá evaluar si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento o archivarlo definitivamente.
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