El 12 de junio, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación un proyecto que, según el constitucionalista Pedro Grández, busca obligar a la Corte Suprema a preferir la jurisdicción militar-policial sobre la ordinaria en conflictos de competencia que involucren a personal uniformado procesado por cualquier delito cometido en ejercicio de sus funciones, violando su independencia. A esta iniciativa se suman la Ley N.° 32107, que recorta la prescripción de crímenes de lesa humanidad, y la Ley N.° 32419, de amnistía para graves violaciones a los derechos humanos. Para Grández, el mensaje de fondo es preocupante: como en los peores tiempos de dictadura, el personal uniformado ya no responde ante jueces independientes, sino ante "el fuero" militar o policial.
"Orden" es una palabra imprecisa que el discurso político manipula con frecuencia para justificar restricciones de derechos, estados de excepción y operativos policiales y militares sin objetivo estratégico claro, por lo que terminan fracasando. Aunque el JNE demorará unos días más en proclamar al ganador de la segunda vuelta, Grández sostiene que es un hecho que la señora Fujimori será proclamada presidenta. Con ello, espera más precisiones sobre la promesa que ha repetido como mantra de campaña: "orden" frente al crimen y al desgobierno que, no sin cierta ironía, su propia bancada se ha encargado de gestar desde el Congreso en los últimos años.
En el caso del fujimorismo, las políticas de "orden" como ejercicio autoritario del poder ya vienen ejecutándose desde el Parlamento. Un eventual gobierno de la señora Fujimori tiene el deber de deslindar a tiempo con estas prácticas, advierte el profesor universitario y miembro de la Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC).
Pedro P. Grández Castro - Profesor universitario. Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC).
La Comisión de Venecia ya lo advirtió en términos claros: estas reformas amenazan la separación de poderes y la independencia de la justicia. Bajo la presidencia de Fuerza Popular, el Congreso ha convertido la acusación constitucional y el juicio político en un instrumento de amedrentamiento contra jueces y fiscales supremos que, en ejercicio de su independencia, intentan controlar sus excesos. El caso de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, inhabilitada por 10 años en diciembre pasado por haber publicado un reglamento que, según sus propios colegas, ni siquiera redactó, ha sido calificado como un intento de "doblegar" al Ministerio Público.
Pero el Congreso no solo da leyes de impunidad o somete a juicio político a magistrados para amedrentarlos por actuar con independencia. También ha legislado para limitar el pensamiento crítico. La Ley N.° 32645, que crea un Colegio Profesional de Artistas, pretende dejar fuera de la calificación de "artistas" a cerca del 90% de actores, músicos, pintores o poetas sin certificación formal. El nuevo gremio, controlado desde los ministerios, se arroga además la codiciada facultad burocrática de certificar qué es o no es arte, con las consecuencias que ello significa para la libertad de crítica y creación connaturales a todo arte.
Nada de esto es novedad en un país que ha conocido todos los rostros del autoritarismo. Pero conviene no quedarse en la abstracción de las normas, porque el "orden" que se anuncia desde el Congreso tiene ya nombre y apellido en la vida de los más pobres. Ese es el rostro del "orden": una balacera sin control en un descampado de la sierra, o una celda donde un menor entra caminando y sale sin vida, sin que nadie responda. El 25 de abril, en Colcabamba, Tayacaja, zona del VRAEM, una patrulla del Ejército disparó contra una camioneta que transportaba a jóvenes futbolistas que regresaban de un torneo. Cinco murieron. Ni armas ni droga fueron halladas en el vehículo; las necropsias, conocidas en los últimos días, muestran que la mayoría recibió disparos en la cabeza y el tórax, sin posibilidad alguna de reaccionar. La semana pasada, en Lima, un adolescente de 17 años detenido por un presunto hurto terminó muerto dentro de la comisaría de Manchay, Pachacámac, tras casi dos días de haber sido llevado ahí. La familia ha denunciado tratos crueles y el pedido de 2.000 soles para liberarlo, mientras la versión oficial difunde la tesis insostenible de un ahorcamiento que nadie en la comisaría impidió.
La impunidad que desampara a las víctimas, ya sean ciudadanos de zonas alejadas o vecinos de los distritos más pobres de Lima, también corroe desde adentro a las instituciones de seguridad. Esta misma semana, el jefe de inteligencia del Comando Unificado Pataz, en La Libertad, fue detenido en flagrancia por extorsionar a un empresario local: le exigía pagos mensuales a cambio de "protección" y lo amenazaba con ponerle "un retén en la puerta". Un coronel, jefe del Estado Mayor de esa misma unidad, intentó interceder para evitar su captura. Estos hechos no son aislados; comparten la atmósfera de impunidad que el Congreso, presidido hoy por el fujimorismo, ha sembrado ley tras ley durante los últimos años.
Ante ese panorama, un eventual gobierno de la señora Fujimori tiene el deber de deslindar a tiempo con esas prácticas. La impunidad, la arbitrariedad y la persecución a jueces y fiscales carecen de respaldo constitucional. La protección debida a policías y militares en el ejercicio de sus funciones no puede confundirse con cobertura para el acto arbitrario, incluidos aquellos que violan la ley y dañan a la población que deben proteger. Es la igualdad ante la ley la que permite reconocer legitimidad y autoridad a las fuerzas del orden; el privilegio y la impunidad solo generan su complicidad con el crimen. La política de "orden" que se proclama no debería significar, finalmente, una amenaza cotidiana a los derechos de los ciudadanos más pobres y vulnerables.
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