Un nuevo “terremoto” sacude a Petroperú. Hasta ahora la atención se concentraba en dos asuntos: el decreto de urgencia que el Gobierno peruano acaba de publicar para que la petrolera acceda a US$ 2,000 millones con garantías del Estado, y los avances de la reestructuración aprobada por el Decreto de Urgencia 010-2025, que encargó a ProInversión sacar a flote a la empresa. Sin embargo, hoy el foco se desplaza a dos nuevos temas: una ola de cambios a nivel de gerencias y una denuncia por hostilización laboral.
En los últimos días, el Directorio de Petroperú ha realizado ajustes clave. Mediante el acuerdo de directorio N° 032-2026-PP del 01 de mayo, se aprobaron acciones en cuatro gerencias. Pero el 7 de mayo se sumaron más movimientos: a través del acuerdo N° 034-2026-PP se modificó el puesto de secretario general (e), y con el acuerdo N° 037-2026-PP se apuntó a otras ocho gerencias, según documentos a los que accedió este diario. En total, son doce las gerencias afectadas en menos de una semana.
¿Por qué esto enciende las alarmas de ciertos actores del sector que siguen de cerca los movimientos de la petrolera? Las fuentes consultadas por este diario recordaron que la mayoría de quienes acaban de asumir puestos en gerencias encargadas habían sido removidos durante la gestión de Rita López, cuando era gerenta general.
Mientras tanto, Rita López, quien fuera gerenta general de Petroperú y alertó en su momento la falta de apoyo de las gerencias a la reestructuración, ha presentado una “comunicación formal de presentación de denuncia ante Sunafil por actos de hostilización laboral y advertencia de responsabilidad” contra el actual gerente, Gustavo Villa Mora. La denuncia se sustenta en tres puntos: reducción injustificada de su categoría laboral tras dejar el cargo; negativa injustificada a atender su solicitud de financiamiento de defensa legal, presentada el 18 de marzo de 2026; y disposición unilateral de retorno al trabajo presencial sin sujetarse al procedimiento de la Ley N.° 31572 del Teletrabajo y su Reglamento.
Estos cambios ocurren bajo la gestión de Edmundo Lizarzaburu, nuevo presidente de la estatal. A finales de abril, el presidente José María Balcázar condicionó el financiamiento con garantía del Estado a la salida del entonces titular Roger Arévalo. El 3 de mayo se concretó su reemplazo.
“Cuando Rita López fue gerenta general de Petroperú no estaba Luis del Águila, ni Ernesto Gamarra. Todos los demás sí fueron removidos durante su gestión y ahora están retornando [...] con ello, se podría frenar la reestructuración de la petrolera”, señaló una de las voces consultadas.
Según fuentes consultadas por Gestión, existiría una carta de “predespido” dirigida a Rita López, quien fue gerenta general de Petroperú, para que en seis días presente sus descargos y, aun así, se oficialice su salida. La petrolera sustenta su remoción en dos puntos: que López asistió a una reunión convocada por ministros de Estado cuando estaba con descanso médico, y que decidió suspender —y no despedir— a trabajadores cuestionados por la Contraloría General de la República. Sobre este último punto, se entiende que la exfuncionaria contaba con sustento legal para esa decisión.
Para López, según las voces consultadas, se trata de una represalia. En la carta que habría sido enviada el 8 de mayo se lee: “Sin perjuicio de lo expuesto, le comunico que lo responsabilizo por cualquier acto, medida o represalia que pudiera adoptarse en mi contra con posterioridad a la fecha de la presente comunicación [...]”. Además, ha presentado una “comunicación formal de presentación de denuncia ante Sunafil por actos de hostilización laboral y advertencia de responsabilidad”.
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.
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