Credibilidad fiscal en riesgo: los cuatro frentes económicos que desafían al nuevo Gobierno en año electoral

El cambio de Gobierno en pleno proceso electoral reactiva un peligro ya conocido para la economía peruana: el deterioro de las expectativas. No se trata solo de volatilidad política, sino de cómo esa volatilidad condiciona las decisiones de consumo, inversión y financiamiento en un contexto de recuperación todavía frágil. La situación se agrava porque el nuevo encargado de la Presidencia sostiene una visión política y económica que no comulga con la Constitución que promueve la economía social de mercado, y sus socios en el Congreso, aparentemente, lo apoyaron por prebandas. Desde una perspectiva técnica, los riesgos económicos se concentran en cuatro frentes: sostenibilidad fiscal, riesgos contingentes, ejecución de inversión y clima de negocios.

En el frente de sostenibilidad fiscal, el Perú cerró el 2025 con un déficit fiscal de alrededor del 2,2% del PBI, tras un esfuerzo de consolidación respecto al pico observado durante la pandemia. La deuda pública bruta se mantiene cerca del 33% del PBI, muy por debajo del promedio regional (superior al 60%), lo que representa un activo macroeconómico relevante. No obstante, ese espacio no es infinito. En año electoral, la presión por mayor gasto corriente —bonos, ampliaciones de planilla, programas sin evaluación ex ante— tiende a intensificarse. Si el déficit se desviara hacia niveles cercanos al 3% o 3,5% del PBI sin una senda clara de convergencia, la prima de riesgo soberano podría ampliarse. Un aumento de 50 a 100 puntos básicos en el costo de financiamiento del Tesoro no solo encarece la deuda pública, sino que se traslada al crédito corporativo y al hipotecario, afectando inversión y consumo. La señal clave es el respeto a la regla fiscal y a la trayectoria de consolidación anunciada: la credibilidad se construye con cumplimiento.

En cuanto a los riesgos contingentes, Petroperú representa uno de los principales focos. La petrolera estatal ha requerido en los últimos años apoyos financieros explícitos y garantías que, de materializarse plenamente, podrían representar varios puntos del PBI. La reciente aprobación de una nueva estructura orgánica y medidas de reconversión apuntan a mejorar la gobernanza y la eficiencia, pero el riesgo fiscal sigue latente.

En economías abiertas como la peruana, el deterioro de expectativas se traduce rápidamente en un tipo de cambio más volátil y en la postergación de proyectos de inversión. Interrumpir, politizar o revertir el proceso de transición en pleno año electoral generaría un efecto dominó: mayor percepción de riesgo soberano, presión sobre la calificación crediticia y encarecimiento del financiamiento externo. Por ello, la reciente salida de la gerente general de Petroperú, Rita López, y la designación de Gustavo Villa en su reemplazo es considerada una señal negativa.

En el caso de la petrolera estatal, el principio técnico es claro: gobernanza corporativa profesional, metas financieras verificables y transparencia en los pasivos contingentes. Otros riesgos contingentes son los varios proyectos de ley que promueven retiros adicionales de los fondos de las AFP y, con mayor gravedad, retiros de la ONP. Además de afectar el sistema previsional, los costos fiscales actuales y futuros son enormes. Frente a los retiros, la postura debería ser clara: ni uno más.

La inversión pública representa alrededor del 5% del PBI y cumple un rol contracíclico. Sin embargo, cada cambio abrupto de autoridades genera retrasos en la toma de decisiones, rotación de equipos y temor a firmar. La ejecución puede caer varios puntos porcentuales en el segundo semestre si no se asegura continuidad administrativa. Una reducción de un punto del PBI en inversión pública tiene efectos multiplicadores sobre el empleo y la actividad en construcción y servicios conexos. Además, retrasa el cierre de brechas en infraestructura, afectando la productividad potencial. La transición debería fijar metas mensuales de ejecución y fortalecer el seguimiento de proyectos estratégicos, especialmente en transporte, saneamiento y salud.

En un año electoral, la tentación del corto plazo es grande, pero el mayor activo del Perú ha sido su reputación de prudencia. Perderla tendría un costo tangible en crecimiento, empleo y bienestar. “La economía puede resistir la política; lo que no resiste es la erosión sostenida de la credibilidad”, se advierte. Un Gobierno de transición responsable debería reafirmar explícitamente el compromiso con la estabilidad macrofiscal, blindar técnicamente la reestructuración de Petroperú, asegurar continuidad en la ejecución de inversión pública y evitar iniciativas de gasto permanente sin financiamiento sostenible.

La inversión privada —cercana al 17% del PBI— es particularmente sensible a la incertidumbre regulatoria. Si el discurso político incorpora propuestas de cambios abruptos en reglas de juego, revisión de contratos o mayor intervención discrecional, la respuesta racional de las empresas es esperar. Esa espera se traduce en menor crecimiento y menor recaudación. El Perú mantiene fundamentos sólidos: inflación en rango meta, un sistema financiero capitalizado y reservas internacionales robustas —gracias al BCR—. Pero los fundamentos no sustituyen la confianza.

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