La credibilidad del Estado: el eslabón perdido que encarece el crédito en el Perú

La macroeconomía moderna, desde los modelos neokeynesianos hasta la literatura del acelerador financiero, coincide en que, cuando existen fricciones, el equilibrio competitivo deja de ser eficiente. Las recesiones no son simples caídas del producto, sino fundamentalmente fallas de coordinación. Frente a un shock negativo —ya sea financiero, sanitario o externo—, empresas, bancos y hogares reaccionan racionalmente a nivel individual: postergan inversiones, restringen crédito o elevan el ahorro. Pero esa conducta genera un resultado contractivo agregado. De allí surge la justificación de la política contracíclica, no como un ejercicio de discrecionalidad, sino como una corrección de fallas de mercado. La política monetaria intenta relajar las condiciones financieras, pero cuando la incertidumbre es alta y los balances están deteriorados, el canal crediticio se debilita, configurando lo que la literatura denomina una balance sheet recession. En ese contexto, la política fiscal —especialmente mediante garantías y subsidios— resulta clave para reactivar el crédito, evitar dinámicas de quiebra en cadena y reducir primas de riesgo que amplifican los ciclos.

Sin embargo, todo este andamiaje descansa en un supuesto fundamental: la credibilidad del Estado. La política económica no opera solo a través de instrumentos, sino también de expectativas. La reputación del Banco Central y la capacidad del Ejecutivo para honrar sus compromisos son determinantes para alinear las decisiones privadas. Como advierte la teoría de la inconsistencia temporal, la credibilidad es un activo que se acumula con el tiempo pero que puede erosionarse rápidamente, con efectos reales sobre el costo del financiamiento, la asignación de recursos y la eficacia de la política económica. Sin ese activo, incluso instrumentos técnicamente bien diseñados pierden potencia.

Durante la pandemia, el Perú demostró que es posible alinear diseño técnico e institucionalidad. El programa Reactiva Perú permitió sostener el crédito, contener riesgos sistémicos y evitar una ruptura generalizada de la cadena de pagos. Más allá de sus imperfecciones, dejó una señal clara: en momentos críticos, el Estado puede actuar como un garante confiable. Esa señal, sin embargo, hoy se está debilitando de manera preocupante a la luz de lo que viene ocurriendo con el programa Impulso Empresarial MYPE.

El programa Impulso Empresarial MYPE, lanzado en 2022, fue diseñado para extender la lógica de apoyo hacia las empresas más vulnerables, combinando garantías con el Bono de Buen Pagador. La intención era alinear incentivos y aliviar la carga financiera de estas unidades productivas. Sin embargo, pese a que desde el punto de vista del diseño el programa está muy bien, el comportamiento del Estado ha generado un problema grave en su ejecución. Lo que ha sucedido es que el Gobierno no ha cumplido con las transferencias comprometidas, alterando de manera unilateral las condiciones bajo las cuales las empresas tomaron sus decisiones.

Este quiebre en el compromiso estatal ha terminado trasladando costos inesperados a unidades productivas frágiles, deteriorando su liquidez y elevando el riesgo de incumplimiento. En algunos casos, esto ha tenido efectos directos sobre su historial crediticio y su acceso futuro al financiamiento. Así, lo que era un programa bien diseñado, por culpa del incumplimiento del Gobierno, puede terminar en una mayor exclusión del sistema financiero. No se trata de un problema administrativo menor, sino de una ruptura contractual que erosiona la lógica misma de estos mecanismos.

Cuando el Estado incumple compromisos explícitos, introduce un nuevo riesgo en la economía: el riesgo de que su propia palabra no sea creíble. Las consecuencias son inmediatas. Los bancos internalizan ese riesgo y encarecen el crédito o restringen su oferta; las empresas se vuelven más cautas o directamente se excluyen de futuros esquemas; y, lo que es peor, cualquier intervención contracíclica futura pierde efectividad porque parte de un menor nivel de confianza. Es un quiebre institucional con efectos persistentes en el futuro.

Desde la teoría económica, esto equivale a desplazar la economía hacia un equilibrio de baja credibilidad, donde los instrumentos de política pierden potencia y los costos de intervención aumentan. El daño, por tanto, no es solo presente, sino intertemporal. En un país como el Perú –con alta informalidad y mercados financieros incompletos– los mecanismos basados en garantías y subsidios son herramientas indispensables. Pero su efectividad depende, en última instancia, de la confianza.

El precedente que sienta Impulso MYPE es particularmente grave: no solo perjudica hoy a miles de empresas, sino que encarece el crédito, restringe el acceso financiero y debilita la capacidad del Estado para responder ante futuras crisis. La política contracíclica no se sostiene en anuncios, sino en credibilidad. Reactiva demostró lo que ocurre cuando esa credibilidad existe; Impulso MYPE está mostrando el costo de perderla. Y recuperar la confianza, a diferencia de perderla, siempre resulta más caro. Por eso, el Gobierno tiene el deber de corregir esta situación con urgencia. Honrar los compromisos asumidos no es un gesto discrecional, sino una condición necesaria para restituir la integridad del contrato implícito con el sector privado. Cada día de retraso amplifica el daño: deteriora balances empresariales, tensiona al sistema financiero y profundiza la desconfianza. Más aún, envía una señal equivocada en un momento en que el país necesita previsibilidad, consistencia y respeto por las reglas. David Tuesta es presidente del Consejo Privado de Competitividad. Exministro de Economía.

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