El partido Juntos por el Perú, a través de su personero legal Pablo Salas, presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por los presuntos delitos de fraude electoral, perturbación o impedimento de actos electorales y omisión de actos funcionales. La acusación se sustenta en que el ministro de Relaciones Exteriores “habría desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios de los peruanos en el exterior durante las Elecciones Generales 2026, quebrando los principios de neutralidad estatal, legalidad e intangibilidad normativa”, según el petitorio remitido al Congreso. En el documento también se solicita el inicio de juicio político por la “presunta comisión de los delitos contra el derecho de sufragio, específicamente fraude electoral y perturbación de actos electorales”. La denuncia se enmarca en las decisiones que el partido atribuye al canciller sobre el sistema logístico y la custodia diplomática de los sufragios de los peruanos en el exterior en la segunda vuelta. Cabe recordar que el Jurado Nacional de Elecciones ya declaró improcedentes las apelaciones de Juntos por el Perú para anular mesas en Lima y Estados Unidos. Juntos por el Perú denuncia al canciller ante el Congreso por presunto fraude electoral La Cancillería ha rechazado categóricamente las acusaciones de manipulación de votos del exterior. Mediante un comunicado, negaron “cualquier afirmación que atribuya a sus funcionarios consulares actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral”. El partido Juntos por el Perú, en su denuncia, sostiene que en la segunda vuelta las actas no fueron digitalizadas. “Es una afectación grave al proceso electoral el haber cambiado las normas en la segunda vuelta por petición de la Cancillería. Han roto la cadena de custodia. Nosotros solo queremos que nos demuestren qué ha pasado”, se lee en el documento presentado ante el Congreso. El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que en la primera vuelta, por solicitud de la ONPE, se aplicó el mecanismo de escaneo de actas en solo 108 de las 180 oficinas consulares, y ello no reemplazó la remisión física de las actas. “La no utilización del aplicativo en la segunda vuelta tampoco produjo un vacío en la cadena de custodia ni un período sin control sobre el material electoral”, afirmaron. La controversia surge en torno a la presunta alteración del material electoral durante el sufragio en el exterior.

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