Más de 3.800 policías investigados por violencia de género en los últimos siete años

Entre 2018 y 2024, un total de 2.239 agentes de la Policía Nacional del Perú fueron investigados por el Ministerio del Interior y el Tribunal de Disciplina Policial por actos de violencia de género, que incluyen feminicidio, tentativa de feminicidio, violencia sexual, física y psicológica. A esa cifra se suman otros 1.636 policías denunciados solo entre enero y octubre de 2025 en distintas regiones del país, lo que eleva a más de 3.875 el número de efectivos implicados en los últimos siete años. Del total de casos reportados en 2025, apenas 196 agentes (un 12%) fueron detenidos. En Lima, 451 policías fueron denunciados por violencia física, psicológica y sexual, pero solo 42 terminaron arrestados. A nivel general, el 94% de los investigados son suboficiales, aunque también hay oficiales involucrados. Sin embargo, las sanciones son escasas: apenas el 31% de los efectivos recibe algún castigo, mientras que el 69% de los casos se archiva por retiro de imputación, caducidad o absolución. La Defensoría del Pueblo reportó que en 2025 un total de 19 miembros de la PNP fueron imputados por violencia contra mujeres en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una zona marcada por el narcotráfico y el crimen organizado. Pese a las acusaciones, los agentes involucrados continuaron cumpliendo sus funciones con normalidad. En 2023 se registraron seis casos de violencia de género en la institución. De ellos, tres correspondían a efectivos asignados al Frente Policial Vraem y uno a la comisaría de Ventanilla, en el Callao. Al año siguiente, en 2024, siete policías denunciados fueron destinados al mismo frente policial en el VRAEM, y otro a la División de Investigación Criminal de Ica.

“La violencia de género atraviesa a todas las instituciones. Pero, ¿qué pasa cuando una de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres tiene esta situación interna? Además de la cultura policial machista, de que la institución funcione muchas veces como corporación, no hay protocolos efectivos y tampoco voluntad de autodepuración”, advierte Katherine Flores, presidenta de Familias Unidas por Justicia, organización que reúne a familiares de víctimas de feminicidio en el Perú. “¿Cuántas mujeres ni siquiera denuncian a un violento cuando es policía? ¿Cuántas mujeres quieren denunciar, pero la misma fuerza policial las expulsa? Entonces, tenemos un hombre violento que se siente impune y que muchas veces está armado. La necesidad de un cambio es urgente”, agrega.

Las cifras respaldan esas alertas. Según el Ministerio Público, en los primeros diez meses del año pasado se dictaron 13.023 sentencias por delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, de los procesos abiertos contra miembros de la Policía por denuncias de feminicidio, tentativa de feminicidio, violencia sexual, física y psicológica, solo el 31% culminó con una sanción. El 69% restante fue archivado por absolución, retiro de la denuncia o caducidad. No existe un registro público que precise cuántos agentes de la Policía Nacional del Perú han sido detenidos únicamente por feminicidio, pero las cifras recientes revelan una alta incidencia de violencia de género dentro de la institución.

En 2025, dos efectivos policiales con acusaciones de violencia en su contra fueron asignados al Frente Policial Vraem, y uno, a la Dirección de Seguridad Integral de Lima.

Un caso de perversa negligencia

Patricia Villafuerte Suárez, una joven activista, tuvo una crisis e intentó quitarse la vida en Miraflores en diciembre de 2019. El serenazgo la auxilió y solicitó la intervención policial. No obstante, los agentes de la comisaría miraflorina, en lugar de contactar a su familia o trasladarla a un centro de salud, la condujeron al establecimiento policial sin comunicarse con sus seres queridos. Posteriormente, dos policías la llevaron en un patrullero con destino a su domicilio, en Ate, pero no la cuidaron.

El martes 12 de mayo se realizó una audiencia judicial en el caso contra los policías Julio Marquina Sulca y Luis Sandoval Hoyos, acusados por la muerte de Patricia Villafuerte. Según la acusación fiscal, durante una intervención de tránsito, ambos agentes bajaron de la patrulla dejando un fusil AKM al alcance de la joven, pese a que sabían de su intento de suicidio previo. Ella aprovechó un descuido, tomó el arma y se disparó. El caso está en juicio oral por el delito de homicidio culposo.

“Ellos son responsables de la muerte de mi hija Patricia. Tengo días tensos, angustiantes, pero, a la vez estoy llena de fe, que pronto la Justicia nos abrace. Vivir con el alma rota es una constante. Extraño muchísimo a mi hija, no hay instante que no esté presente. Mi pequeña Patricia no merecía partir así. No puedo comprender cómo a sus 24 años le impidieron cumplir sus metas, sus logros, sus sueños, su carrera. Tenía tanto por hacer como activista profesional. A mi hija la asesinaron”, declaró Haydée Suárez Herrera, madre de la víctima.

Más allá de los casos denunciados, la PNP lleva a cabo constante capacitación, sensibilización y especialización para su personal, buscando fortalecer la atención, prevención y erradicación de la violencia de género. Sin embargo, algunos malos efectivos se encuentran con prisión preventiva, como ocurrió con el suboficial José Villafán Arteaga (52), quien confesó el crimen de su colega, la suboficial de tercera PNP Marleni Rucana Silvestre, de 27 años.

Cerca de una semana después de haber sido reportada como desaparecida, el 21 de febrero fueron encontrados los restos de Marleni Rucana en el sector de Paltay, a un costado de la carretera que conecta Huaraz con Caraz. José Villafán esperó a su compañera, la llevó a cenar y, posteriormente, le disparó en la cabeza dentro de su vehículo. Luego de arrojar el cuerpo sin vida al río Santa, intentó ocultar evidencias y ordenó a su hermano desmantelar y alterar la camioneta donde ocurrió el asesinato.

El policía Villafán se acogió a la confesión sincera y dijo que “estaban ‘jugando’ con un arma” cuando se produjo la tragedia. La defensa de la víctima rechazó esa versión, señalando la falta de lógica y recordando su trayectoria profesional como instructor de policías. Una vez que un juez dictó nueve meses de prisión preventiva, Villafán se quebró y confesó el crimen y la ubicación del cadáver.

La familia de Lesly Vicente Félix, una universitaria de 19 años víctima de feminicidio el 15 de julio de 2020 en Huánuco, sigue luchando por justicia seis años después. La Fiscalía ha señalado como presunto autor al policía Erik Villogas Carhua, y a Diófenes Villogas Tolentino y Yeslit Villogas como coautores. Tras concluir la investigación preparatoria, el caso avanza hacia una eventual acusación y juicio. Sin embargo, los familiares del suboficial Villogas claman su inocencia. Desde octubre de 2025, el efectivo cumple prisión preventiva como presunto autor del feminicidio de Lesly Valeria. “El Fiscal ha investigado por más de cinco años y no ha podido acreditar con pruebas que se trasladó a Tingo María para matar a Lesly”, manifestaron sus allegados.

“Cada feminicidio representa no solo una vida perdida o sensiblemente afectada, sino una familia destrozada y una sociedad que debe confrontar su dolorosa realidad”, señaló Inés Tello, expresidenta de la Junta Nacional de Justicia. La especialista explicó que el feminicidio está contemplado en el Código Penal y puede llegar incluso a la cadena perpetua cuando la víctima es menor de edad o adulta mayor. Este marco legal busca sancionar crímenes como el de Lesly Vicente, cuyo caso estremeció al país y mantiene a sus seres queridos en una larga pugna para que el crimen no quede impune.

Leer artículo completo en larepublica.pe →