El aparente regreso del fujimorismo al poder en Perú no es un caso aislado, sino parte de una reconfiguración política que abarca toda América Latina. La región experimenta un fortalecimiento de la derecha y un retroceso de los proyectos progresistas que, bajo la llamada 'marea rosa', dominaron buena parte de la última década. Este giro responde a una combinación de factores internos —como el aumento de la inseguridad ciudadana, el desgaste institucional y la crisis económica— y externos, entre los que destaca la influencia del presidente estadounidense Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
La 'marea rosa' tuvo sus inicios a finales de los años noventa y cobró relevancia con la elección de Hugo Chávez en Venezuela en 1998. Sin embargo, terminó acumulando casos de corrupción y hoy parece mostrar sus últimos rezagos en lo que queda del mandato de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil —país que tendrá elecciones en octubre de este año— y en la administración de Claudia Sheinbaum en México. Su pérdida de presencia en el mapa geopolítico se debe, en parte, a la aparente falta de eficacia de medidas como el combate a la desigualdad social y al desaprovechamiento del auge de las materias primas en los años 2000.
Estos elementos han debilitado a los proyectos progresistas y favorecido el ascenso de propuestas de mano dura con ajuste económico en distintos países, así como el retroceso de políticas de inclusión y derechos. No obstante, el giro político regional no puede explicarse solo por causas internas. La figura de Trump se erige como un actor relevante. Un ejemplo cercano a Perú es lo que sucede en Colombia, país que atraviesa una segunda vuelta presidencial el 21 de junio. Allí, Trump intervino al expresar su respaldo al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.
Mediante su cuenta en Truth Social, el presidente de Estados Unidos elogió al postulante y señaló que un eventual triunfo suyo implicaría mejoras en distintos ámbitos. Trump afirmó que De la Espriella "mejorará la economía, creará empleos, promoverá el comercio, detendrá la inmigración ilegal, combatirá el crimen y las drogas". Asimismo, descalificó a su contendiente oficialista Iván Cepeda, a quien calificó como "un marxista de izquierda radical".
El actual escenario político en América Latina responde a un cambio estructural, según Henning Suhr, jefe del Programa Regional del Diálogo Partidista y Democracia en Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Suhr sostiene que “el fin del dominio de los gobiernos de izquierda” no solo surgió, sino que ahora cobra un “impulso adicional” como resultado de la nueva política de la administración Trump hacia la región. Esta presencia estadounidense reabre el debate sobre una reinterpretación contemporánea de la doctrina Monroe, rebautizada como ‘doctrina Donroe’, en referencia a la combinación de Donald y Monroe. Según Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto de la Universidad de Georgetown, esta estrategia refleja la intención de la Casa Blanca de mantener a América Latina dentro de su esfera de influencia, buscando contrarrestar la presencia de otros actores globales, como China y Europa. “Es difícil recordar un tiempo en el que pasaran tantas cosas en la región”, señaló el experto en declaraciones a El País.
La injerencia de Estados Unidos no es nueva en la región. Anteriormente, Trump se inmiscuyó en las elecciones de Honduras con Nasry Asfura, ahora presidente de ese país, y tiene planes de hacer lo mismo en Brasil, donde mostró su respaldo a Flavio Bolsonaro, el nuevo representante de la derecha para los próximos comicios y también hijo del expresidente Jair Bolsonaro, figura política cercana al republicano. La reacción de América Latina frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela del 3 de enero evidenció una profunda división política en la región. Mientras gobiernos progresistas como los de Lula y Sheinbaum insistieron en el respeto al derecho internacional y la no intervención, sectores alineados con la nueva derecha regional —como el presidente Javier Milei— celebraron la ofensiva como una acción necesaria para enfrentar el crimen organizado.
Factores internos para un cambio regional no homogéneo
Pese al factor internacional, América Latina no atraviesa un giro ideológico uniforme. Los cambios políticos se han dado de manera paulatina y en busca de solucionar las distintas dificultades de cada país. Mientras algunos electores optaron por fuerzas tradicionales, otros respaldaron liderazgos radicales con agendas centradas en seguridad, orden público y control económico. La inseguridad es uno de los principales motores de este cambio. El avance del crimen organizado y el narcotráfico, sumado a la percepción de debilidad estatal, ha fortalecido propuestas de mano dura y ha llevado a que parte del electorado reoriente su voto hacia estas opciones.
Adam Isacson, director de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), señala que “un país como Ecuador, donde el crimen aumentó vertiginosamente desde 2020, muestra un voto de castigo hacia cualquier gobernante anterior”. En ese escenario, advierte, “si un candidato viene con promesas de mano dura, de dar resultados muy rápidos en el corto plazo, incluso están dispuestos a sacrificar muchos de sus derechos o parte de la democracia para lograrlo”. Este respaldo ciudadano a modelos autoritarios, según el especialista en declaraciones para N+, se explica porque “la izquierda tiene propuestas como la reforma judicial, policial y del sistema penitenciario, pero son políticas que no rinden resultados sino hasta después de varios años”.
El Salvador es otro caso emblemático. Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, diversas organizaciones denunciaron que su gobierno implementó medidas que vulneraron derechos humanos bajo el argumento de un combate frontal contra las pandillas. Pese a esas críticas, la ciudadanía respalda el modelo ante la promesa de resultados inmediatos en seguridad.
Argentina, por su lado, se apartó de la ola progresista con la llegada de Javier Milei en 2023. Su administración impulsó la liberalización económica y un discurso de ruptura con el modelo tradicional. El triunfo electoral no solo reflejó una adhesión al ideario libertario, sino también el agotamiento de una parte importante de la población frente a años de inflación y crisis económica.
Sin embargo, el cambio político no ha resuelto automáticamente los problemas estructurales. En Argentina, el gobierno aplicó un fuerte ajuste fiscal para reducir la inflación y el déficit. Aunque el Indec registró una caída de la pobreza a 28,2% en el segundo semestre de 2025, el proceso estuvo acompañado de protestas relevantes: las movilizaciones universitarias de octubre de 2024, las de jubilados en marzo de 2025 y las huelgas contra las reformas laborales de diciembre de 2025. También hay investigaciones judiciales en curso, como el caso de la criptomoneda $LIBRA, las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad y el caso reciente de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete.
En Ecuador, la administración de Daniel Noboa enfrentó protestas contra la eliminación de los subsidios al diésel en 2025, con participación de organizaciones indígenas, sindicales y campesinas. Se sumaron estados de excepción limitados y la revisión constitucional de algunas medidas. En el referéndum de noviembre de 2025, todas las propuestas del Ejecutivo fueron rechazadas por el electorado. Además, en junio de 2026, se presentaron solicitudes formales ante el Consejo Nacional Electoral para iniciar un proceso de revocatoria de mandato, impulsadas por actores sociales como Leonidas Iza. Este proceso está en una fase inicial: aún no se han reunido las firmas ni se ha activado una votación.
En Paraguay, durante el gobierno de Santiago Peña, las protestas de septiembre de 2025 fueron encabezadas por colectivos juveniles contra la corrupción y la falta de servicios públicos, aunque no escalaron a una crisis institucional. En Chile, el mandato de José Antonio Kast enfrentó tensiones sociales desde sus inicios debido a recortes fiscales, alzas de combustibles y ajustes en la educación, en medio de restricciones presupuestarias oficiales. En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz eliminó los subsidios a los combustibles en diciembre de 2025, lo que desató protestas multisectoriales con bloqueos, detenciones y víctimas fatales, según reportes periodísticos locales. Esas movilizaciones involucraron a sindicatos, transportistas y organizaciones campesinas, reflejando un fuerte conflicto distributivo en torno al ajuste económico. A partir de estas protestas de diferentes colectivos y sindicatos en la región, se considera que la extrema derecha intenta decidir qué aprender y qué callar con una agenda en contra de los derechos culturales y reproductivos de las mujeres, entre otros temas. "Esta ofensiva en contra de los derechos sexuales y (no) reproductivos, es parte de una agenda política que busca deslegitimar el feminismo, vaciar políticas públicas y reordenar jerarquías de género", asegura en Argentina Agostina Copetti, becaria doctoral del Conicet en el Instituto de Estudios sobre Derechos, Justicia y Sociedad (Idejus).
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