Necropsias confirman ejecución: militares dispararon a la cabeza y el tórax a cinco jóvenes en Colcabamba

Los médicos legistas que realizaron las necropsias a los cinco jóvenes asesinados en Colcabamba concluyeron que los efectivos del Ejército dispararon con la intención de que nadie quedara con vida. Todos los cuerpos presentaban impactos de bala en la cabeza y el tórax, o en ambas zonas vitales, lo que les impidió cualquier posibilidad de reacción. Los protocolos de necropsia, firmados por los doctores Jesús Villarreal Parra, Lizet Arteaga Mascaró y Milton Hurtado Vila, dejan constancia de que se trató de un asesinato, aunque sin usar ese término de forma explícita: los forenses calificaron la violencia como brutal. Los ocho militares de la patrulla de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N.° 31 estaban armados con fusiles de asalto belgas Scar-L, de calibre 5.56x45 mm, adquiridos por el Ejército en 2013 para reforzar a las tropas desplegadas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). El arma tiene un alcance efectivo de 600 metros y dispara proyectiles a una velocidad de 875 metros por segundo. Sin embargo, entre los militares y la camioneta en la que viajaban las víctimas había menos de 50 metros, por lo que el impacto de las balas resultó mucho más devastador en los cuerpos. Los médicos legistas no dudaron en señalar que los autores de los disparos actuaron con el mismo objetivo: que nadie sobreviviera. Usaron los fusiles a corta distancia, como si se tratara de miembros de un grupo armado, pero ninguna de las víctimas portaba arma de fuego alguna. De los ocho pasajeros que viajaban en la camioneta atacada, cinco fueron asesinados y los otros tres se salvaron gracias a la oscuridad.

Los médicos legistas describen en su informe un patrón letal y consistente en las cinco muertes: “Desde el punto de vista de la distribución anatómica, se identifica un patrón consistente caracterizado por la concentración de impactos en zonas de alta relevancia funcional para la vida”. Las heridas, señalan los especialistas, son “coincidentes” entre las víctimas, lo que revela que los militares actuaron bajo una práctica común para neutralizar al enemigo. “La región craneoencefálica constituye el centro neurológico esencial, cuya afectación produce pérdida inmediata de funciones vitales, mientras que el tórax alberga órganos cuya lesión compromete de forma directa la circulación y la respiración. La observación de regiones focalizadas de manera anatómica específica es el predominio para estos cinco cuerpos”, agregan.

El documento señala desde el primer párrafo: “El análisis médico-legal de las necropsias disponibles evidencia que la totalidad de las muertes examinadas tiene como causa directa lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, con compromiso de estructuras anatómicas vitales”. Los militares no dispararon a los neumáticos para detener la camioneta, sino que prácticamente vaciaron sus cargadores, impidiendo que nadie reaccionara. “En todos los casos, los hallazgos describen traumatismos severos localizados principalmente en la región craneoencefálica y en el tórax, incluyendo daño a órganos críticos, como encéfalo, corazón y pulmones, así como cuadros hipovolémicos (grave pérdida de sangre) derivados de dichas lesiones”, precisan los legistas en sus conclusiones.

Los resultados de las necropsias, que La República plasmó en infografías detalladas, fueron citados por el fiscal especializado en Derechos Humanos de Junín, Johel Chamorro Macukachi, en la disposición del primero de junio. En ese documento, el fiscal imputa el delito de homicidio calificado a los ocho militares implicados en la matanza de Colcabamba. Chamorro ratificó esas conclusiones durante la audiencia judicial donde solicitó prisión preventiva para los acusados.

Ante el juez José Matos Centeno, el fiscal también denunció que los efectivos del Ejército, en lugar de colaborar con las pesquisas, las entorpecieron. El jefe de la patrulla, capitán EP Luis Montenegro Pardo, guardó silencio ante las preguntas de la fiscalía durante las diligencias. Los otros siete implicados bajo su mando siguieron el mismo guion y se abstuvieron de responder. Ante esta conducta, el juez Matos ordenó 12 meses de prisión preventiva para todos.

Desde el primer comunicado oficial sobre la matanza del sábado 25 de abril, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional evidenció su intención de ocultar la verdad: atribuyeron acciones falsas a las víctimas para justificar el quíntuple homicidio. El comunicado sostiene que “una patrulla militar fue atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico” y que, “ante el riesgo real e inminente, el personal refiere su actuación en legítima defensa”. Sin embargo, las pericias indican que los ocupantes de la camioneta no dispararon. Las necropsias contradicen la versión castrense: los militares dispararon sin dejar posibilidad de reacción a los civiles, ni siquiera para que emitieran una palabra.

Los peritajes balísticos de los fusiles Scar-L incautados a los ocho militares a pocas horas de la matanza revelan que fueron usados muy recientemente. Todos dispararon contra el vehículo con la intención de matar a sus ocupantes, bajo la falsa creencia de que transportaban droga. No había ni un gramo de cocaína. “Las trayectorias lesionales descritas en los protocolos de necropsia son compatibles con mecanismos de alta letalidad”, resaltan los médicos legistas: “Este tipo de lesiones reduce significativamente la posibilidad de supervivencia, incluso en escenarios donde pudiera existir atención médica inmediata, lo que indica una eficacia lesiva considerable”. Es decir, los militares dirigieron sus fusiles de largo alcance Scar-L con la expresa intención de acabar con la vida de todos los ocupantes de la camioneta. Los miembros de la patrulla, desde los oficiales hasta los subalternos, sabían el daño irreversible que iban a causar. Los testigos que han declarado a la fiscalía coinciden en que los efectivos entraron en pánico cuando se dieron cuenta de que no había ningún bulto de estupefacientes. Incluso volvieron a disparar a la camioneta, decepcionados por la ausencia de la droga. La policía les había dicho que los narcotraficantes transportarían por la zona 500 kilos. El Ejército reportó al fiscal del caso que se les asignaron a los efectivos 3.320 proyectiles, pero cuando se les intervino, guardaban 1.569. Es decir, casi la mitad (47%) había sido usada. La idea era que nadie quedara con vida. Pero no hay crimen perfecto.

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