Con el argumento de reforzar la presunción de inocencia, el Congreso de la República —controlado por Fuerza Popular y sus aliados— viene aprobando una serie de normas que amplían las protecciones legales para policías y militares frente a investigaciones por el uso de la fuerza. La más reciente de estas iniciativas fue aprobada en primera votación el pasado 12 de junio, en una sesión que debía ser la última del periodo legislativo, pero que los congresistas decidieron extender hasta el 24 de junio con el objetivo claro de darle luz verde en segunda votación.

La nueva ley procrimen —calificada por sectores críticos como prorepresión— establece que, si un efectivo policial o militar enfrenta un proceso en el fuero militar-policial, ningún fiscal ni juez ordinario podrá abrirle otro proceso paralelo por los mismos hechos. La norma fue impulsada con los votos del fujimorismo y sus satélites parlamentarios. Esta tendencia legislativa no es aislada: forma parte de un accionar sistemático que busca blindar a las fuerzas del orden ante eventuales denuncias derivadas del uso de la fuerza durante intervenciones.

Un antecedente directo es la Ley 32181, aprobada a finales de 2024. Bajo el argumento de que “refuerza la presunción de inocencia”, esta norma establece que los policías que, durante una intervención realizada en cumplimiento de sus funciones, utilicen sus armas o medios de defensa de manera considerada reglamentaria y causen lesiones o la muerte de una persona no podrán ser sometidos a detención preliminar ni a prisión preventiva mientras son investigados.

Este blindaje legal cobra especial relevancia ante el eventual nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Fuerza Popular llega al poder sin superar el 50% de los votos a nivel nacional. De acuerdo con una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Fujimori cuenta con un rechazo del 37%. Este escenario de alta polarización podría convertirse en un caldo de cultivo para que las protestas ciudadanas formen parte de los primeros años de un nuevo gobierno fujimorista. Con estas leyes de por medio, la reacción del Estado ante las manifestaciones podría agudizar la situación política y social del país.

Lo que todavía queda en el tintero

Pero el fujimorismo no solo ha blindado a la Policía frente a denuncias. En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso permanece el Proyecto de Ley 13084, firmado por Rosangella Barbarán, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga y Fernando Rospigliosi, entre otros miembros de la bancada naranja. La iniciativa busca eximir de responsabilidades penales a los miembros de las FF. AA. o de la PNP que hayan causado lesiones o muertes de ciudadanos, siempre que se pruebe que actuaban en funciones. Como disposición transitoria, el proyecto plantea que, de aprobarse la ley, esta se aplique también a los miembros de las fuerzas del orden investigados por las muertes ocurridas durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte entre 2022 y 2023. La figura incorpora así un pedido de negacionismo respecto de la memoria.

No todos los proyectos apuntan a blindar a la Policía. Algunos también buscan nuevas vías de criminalización contra manifestantes. Elizabeth Medina (Somos Perú) presentó una iniciativa para que quienes utilicen prendas destinadas a cubrir su rostro durante movilizaciones ciudadanas puedan enfrentar penas no menores de ocho años ni mayores de 10. Al igual que el otro proyecto, esta iniciativa permanece en la Comisión de Justicia y podría formar parte de una aprobación exprés antes del cierre de la legislatura.

Hombres y discursos

Con el marco legal a su favor, faltan las dirigencias políticas. El fujimorismo cuenta con perfiles que podrían ocupar espacios clave en un eventual gobierno y profundizar la línea de mano dura a nivel nacional. Desde su ingreso al Congreso como accesitario del fallecido Hernando Guerra-García, Fernando Rospigliosi se ha erigido como una de las figuras con un discurso y accionar más radicales dentro de Fuerza Popular. El congresista ha respaldado más de una iniciativa en favor del fortalecimiento de la represión policial y ha brindado declaraciones que alimentan ese discurso de mano dura.

En otras palabras, si un efectivo policial es denunciado por hechos ocurridos durante una operación o intervención, fiscales y jueces ya no podrán ordenar medidas de privación de libertad antes de que exista una sentencia.

El sociólogo Pavel Aguilar, en diálogo con La República, advirtió que las acciones recientes de Fuerza Popular son propias de un “autoritarismo en ciernes”. Para el académico, este panorama se asemeja a la dictadura de los años noventa liderada por Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, un periodo caracterizado por la impunidad y graves consecuencias políticas y sociales.

“Lo que hay no son investigaciones (contra la Policía), es una persecución política”, afirmó Rospigliosi hace unos meses al defender su proyecto de ley que buscaba eximir de responsabilidades a agentes involucrados en las muertes durante las protestas de 2022 y 2023. El militante fujimorista ha sido mencionado como posible ministro del Interior en un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

Otros perfiles vinculados a la seguridad ciudadana y cercanos al fujimorismo también podrían representar una política de mano dura y represión. Marco Miyashiro, electo senador por Lima, es considerado un cuadro técnico en seguridad del partido naranja. Recientemente, el virtual congresista calificó como un “subtítulo mal aplicado” la denominación de “leyes procrimen” para iniciativas aprobadas por el Congreso y cuestionadas por organismos nacionales.

Fuera de la cúpula fujimorista, los perfiles provenientes de las fuerzas del orden cobran relevancia. En la PNP, Óscar Arriola se mantendrá como jefe policial al menos hasta 2027, siempre que cuente con respaldo del nuevo gobierno. Como máxima autoridad de la institución, Arriola ya enfrentó protestas contra el gobierno de José Jerí, que dejaron como resultado el asesinato de Mauricio Ruiz Sanz, conocido como “Trvko”.

En el plano discursivo, Fuerza Popular ha mantenido la “mano dura” como pilar de su identidad. Propia de las derechas neoconservadoras, la agrupación apela al punitivismo para construir un discurso favorable entre sectores del electorado. En su plan de gobierno, titulado 'Perú con Orden', reivindica explícitamente la “firmeza” y las “medidas excepcionales” adoptadas durante la dictadura de Alberto Fujimori en los años noventa.

El sociólogo Pavel Aguilar señaló que este escenario guarda similitudes con aquel régimen, marcado por la impunidad y graves consecuencias políticas y sociales para el país.

“Hay similitudes: la captura de la mayoría de las instituciones por el fujimorismo, un entorno mediático mayoritariamente orientado hacia las opciones electorales de ultraderecha —como hemos atestiguado en estas últimas elecciones— y un Congreso activamente integrado a la coalición autoritaria que ha gobernado tras la caída de Pedro Castillo me permiten asegurar que los años noventa regresaron hace ya bastante tiempo, y no con el triunfo de la señora Fujimori. En ese sentido, creo que este último episodio constituye más bien una confirmación que un impasse, sin descartar, por supuesto, una profundización del autoritarismo”, indicó Aguilar.

El analista sostuvo que el discurso de la mano dura no es el único recurso narrativo que utiliza el fujimorismo en su búsqueda por capturar el poder. Según su análisis, las amenazas instaladas en determinados sectores de la sociedad han tenido el peso suficiente para debilitar considerablemente a las alternativas políticas distintas al fujimorismo. “Siendo honestos, ella no es la única candidata que ha traído a la contienda este poco disimulado gusto por la bota y el toque de queda; el candidato de Renovación Popular e incluso Carlos Álvarez fueron más allá al proponer escenarios mucho más grises. La victoria de la candidata Fujimori se explicaría más, en mi opinión, por el temor a un modelo ‘socialista’ —sea lo que sea que esto signifique en el imaginario de las derechas— que por las inexistentes grandes propuestas o el carisma de la hoy virtual presidenta”, apuntó.

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