Con una ventaja de 41 mil votos sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta es inminente. La candidata de Fuerza Popular (FP) asumirá un gobierno en el que, entre las tareas heredadas, aparecen las posibles solicitudes de indulto para los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

La hija del fallecido Alberto Fujimori, quien fue beneficiado con un indulto humanitario, ya se pronunció al respecto: “nadie merece morir en prisión”. Sin embargo, el marco legal solo permitiría otorgar este beneficio a uno de los dos exmandatarios. La clave está en los requisitos que exige la ley para las gracias presidenciales.

El jefe de Estado puede conceder tres figuras: la conmutación de pena, que reduce o modifica la sanción impuesta; el derecho de gracia, que extingue la acción penal en procesos que se alargan por un plazo prolongado; y el indulto, que perdona total o parcialmente la pena, ya sea por razones comunes o humanitarias debidamente acreditadas. En todos los casos, el requisito principal es contar con una sentencia firme confirmada en segunda instancia.

Una vez que la solicitud llega al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), la Comisión de Gracias Presidenciales evalúa la situación del reo. Este grupo de trabajo está presidido por Magno Abraham García Chávarri e integrado por Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Martín Antonio Salgado Arroyo, Pablo Michael Huerta Canales y, en representación del Despacho Presidencial, Carlos Antonio Bazo Ramírez.

La Comisión de Gracias Presidenciales, adscrita al MINJUSDH, examina los expedientes de indulto, conmutación de pena y derecho de gracia para emitir una recomendación —favorable o desfavorable— al presidente de la república, quien tiene la última palabra. Sin embargo, tanto Pedro Castillo como Alejandro Toledo enfrentan un obstáculo común: ninguno cuenta con una sentencia firme, ya que ambos apelaron sus condenas. Este requisito ha generado discrepancias entre juristas.

Carlos Torres Caro, abogado de Toledo, cuestionó esa condición ante RPP: “Hay un criterio que se ha difundido de que una persona que no ha completado todas las instancias de la administración de justicia no puede optar por el indulto (sentencia firme). Lo que están diciendo no va con la opinión que yo tengo. Eso lo dice un reglamento, es decir, lo dice una norma inferior a lo que estipula la Constitución, que solo dice: ‘El presidente de la República tiene derecho a otorgar indulto’”.

En contraste, la exministra de Justicia Delia Muñoz sostuvo a Correo una postura opuesta. Precisó que la “Constitución no se interpreta solo con una lectura gramatical, sino que se tiene establecido que el máximo intérprete de la misma es el Tribunal Constitucional (TC)”. Agregó: “En ese contexto, cuando se decretó la nulidad de indulto al Sr. José Enrique Crousillat (2011), el TC estableció que si bien conceder un indulto es una facultad presidencial, dicho acto no está exento de control y se debe respetar un estándar mínimo de motivación, respetar los requisitos legales para evitar la arbitrariedad”.

En el caso de Toledo, su situación es diametralmente distinta a la de Castillo. El expresidente, sentenciado en primera instancia por recibir coimas de 35 millones de dólares de Odebrecht, acumula dos condenas: una de 20 años y 6 meses por los casos Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), del 21 de octubre de 2024, y otra de 13 años y 4 meses por el caso Ecoteva, del 3 de septiembre de 2025. Su esposa, la ex primera dama Eliane Karp, ha solicitado un indulto humanitario para él.

La apelación de Alejandro Toledo contra su primera sentencia ya está en curso desde el 16 de octubre de 2025, lo que significa que lleva ocho meses en trámite. Según especialistas, bastarían cinco meses más —ya durante el próximo gobierno— para que culmine. Todo depende de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que decidirá si confirma, revoca o modifica la pena impuesta. Si la sentencia se confirma, Toledo podría solicitar un indulto por razones humanitarias, ya que su defensa sostiene que “presenta un alto riesgo de accidente cerebrovascular (ACV)”.

De otorgársele este beneficio, el exmandatario sería excarcelado incluso teniendo otra condena en primera instancia por el caso Ecoteva. El penalista Andy Carrión explicó que “en el caso de Alberto Fujimori, cuando lo indultaron, también lo hicieron respecto a los demás procesos. La situación es distinta si se le indulta únicamente bajo el presupuesto del indulto común. En casos de indultos humanitarios, si cumple con la firmeza de la sentencia, debido a la grave afectación de la salud del reo, también se le exonera de los demás procesos en curso al tratarse de un tema humanitario”.

Caso Castillo

En el caso del expresidente Pedro Castillo, el panorama es desalentador. Aunque podría retirar la apelación que presentó contra su sentencia por conspiración para la rebelión —11 años, 5 meses y 15 días, impuesta el 27 de noviembre de 2025—, una sala judicial debería validar esa decisión y confirmar la pena mediante una resolución. El trámite tomaría meses debido a la carga de trabajo del Poder Judicial, y el tiempo es escaso para el actual encargado de la presidencia, José María Balcázar, quien llegó al Congreso de la mano de Perú Libre, el partido que llevó a Castillo al poder.

La defensa de Pedro Castillo ha descartado retirar la apelación, argumentando que hacerlo equivaldría a validar la comisión del delito. Mientras tanto, el exmandatario espera que el Poder Judicial fije una fecha para la audiencia de apelación. Sin embargo, incluso si esta se resolviera rápidamente y Castillo obtuviera una sentencia firme que le permitiera solicitar un indulto —común o humanitario—, existe otro obstáculo: sobre él pesa una orden de prisión preventiva. Esta medida fue impuesta el 9 de marzo de 2023 por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien le dictó 36 meses de prisión preventiva. Originalmente, el plazo debía vencer el 8 de marzo de este año, pero la Fiscalía logró una ampliación de 12 meses, por lo que la medida se extenderá hasta el 9 de marzo de 2027. La prisión preventiva se enmarca en el caso que investiga a Castillo por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Según la tesis fiscal, el exmandatario lideró una red de corrupción para direccionar contrataciones públicas, principalmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En esa investigación también figuran su esposa, Lilia Paredes; su cuñada y virtual diputada por JP, Yenifer Paredes; y otras 98 personas. Hasta la fecha, se han presentado seis pedidos de indulto para Castillo, todos rechazados. Estos fueron formulados entre enero de 2023 y abril de 2026.

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