El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertó que la aplicación de las nuevas disposiciones sobre la Capacidad Máxima de Contratación (CMC), establecidas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, está generando una “reducción significativa” en la capacidad de las empresas constructoras para participar en licitaciones. Esta situación, advirtió el gremio, podría impedir la ejecución de proyectos de infraestructura de mediana y gran envergadura.
“Diversas empresas constructoras estarían experimentando reducciones significativas en su capacidad de contratación, situación que podría impedirles participar en procesos de selección para la ejecución de proyectos de infraestructura de mediana y gran envergadura. Esta medida afecta a compañías formales con acreditada experiencia, solvencia técnica y trayectoria en la construcción de obras para el Estado”, señaló el gremio mediante un comunicado. En esa línea, sostuvo que como entidad representativa del sector, considera “indispensable que toda modificación regulatoria respete los principios de seguridad jurídica, predictibilidad, razonabilidad y no retroactividad”.
De acuerdo con el gremio, una reducción generalizada de la CMC podría desencadenar efectos negativos para el país, como una menor competencia en los procesos de contratación pública, la concentración del mercado en pocas empresas, el encarecimiento de las obras y retrasos en proyectos clave. “Las reglas aplicables a la contratación pública deben promover la competencia y la participación de más empresas, no restringirla de manera injustificada”, apuntó. Esto, a su vez, afectaría la capacidad del Estado para cerrar brechas en transporte, saneamiento, salud, educación y conectividad.
El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima reafirmó su disposición para contribuir técnicamente en la búsqueda de alternativas que fortalezcan la transparencia, la eficiencia y la competitividad en las contrataciones públicas. Esto, con el objetivo de promover un entorno que impulse el desarrollo de la infraestructura nacional y el crecimiento económico del país. En esa línea, exhortaron al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), al Registro Nacional de Proveedores y a las autoridades competentes a revisar con urgencia los efectos de esta problemática. “Establecer espacios de diálogo técnico con los gremios empresariales y las empresas involucradas, a fin de identificar soluciones que permitan preservar la competencia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar la continuidad de las inversiones y obras que el Perú necesita”, apuntó el gremio.
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