El Colegio de Abogados de Lima (CAL), representado por Delia Espinoza, condenó la trágica muerte de un adolescente de 17 años en la carceleta de la Comisaría de Manchay, en Pachacámac, y exhortó a la Fiscalía a realizar una investigación rigurosa y transparente. El gremio alertó sobre posibles deficiencias en el respeto a los derechos humanos y pidió que la Fiscalía de Derechos Humanos asuma el caso para esclarecer las causas del deceso, ocurrido tras la intervención del menor por las autoridades el último sábado 13 de junio.
Según el certificado de necropsia, el joven perdió la vida por “asfixia mecánica por ahorcamiento”; sin embargo, esta versión fue rechazada por el padre, Javier Cubas, quien afirmó que su hijo habría sido víctima de maltratos mientras permanecía bajo custodia policial. Para el CAL, a partir de este punto resulta importante realizar una investigación exhaustiva que establezca las condiciones de detención y las presuntas torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes que habría sufrido el adolescente por parte de efectivos de la Policía Nacional (PNP).
El gremio consideró que las denuncias de la familia de la víctima sobre presuntos maltratos físicos, señales de violencia y una supuesta extorsión económica por parte de efectivos policiales “evidencian deficiencias en el respeto a los derechos humanos” que merecen ser aclaradas en un proceso con total transparencia y rigurosidad. El CAL exigió justicia y una “exhaustiva investigación” para esclarecer la muerte del menor en la comisaría de Manchay.
Posibles deficiencias por investigar
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) recordó que, cuando se interviene a adolescentes infractores, existen derechos fundamentales que deben ser respetados. Uno de ellos es el debido proceso, que exige que todo menor sea informado de sus derechos y asistido por un abogado desde el momento de su detención, además de ser ubicado en espacios adecuados y separados de los adultos. Otro principio clave es que los menores de 18 años no son imputables penalmente bajo el sistema ordinario; sus procesos deben regirse por el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27337). Así lo determinó el Tribunal Constitucional en su sentencia 2/2026, que declaró inconstitucional la ley que pretendía criminalizar a los adolescentes de 16 y 17 años tratándolos como adultos.
La investigación del caso en Manchay será la que determine si las autoridades respetaron estos fundamentos. El CAL aseguró que se mantendrá atento y vigilante al seguimiento del proceso de este y otros casos graves de vulneración de derechos humanos, como parte de su compromiso en representación de la justicia y de la sociedad civil 'cuando el poder se ejerce de manera abusiva y arbitraria'.
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