La Defensoría del Pueblo confirmó esta semana la presencia de aguas negras en el río Rímac, principal fuente de agua potable para Lima y el Callao, y demandó la intervención urgente de las entidades competentes para identificar a los responsables. A través de un video difundido el 19 de junio, la institución señaló que “la evidencia es alarmante y exige una respuesta inmediata de las autoridades”, mientras se observa la coloración oscura que desde hace varios días afecta el caudal del río, generando preocupación por ser el recurso clave para abastecer a la capital.
El organismo también solicita sanciones ejemplares que disuadan futuros atentados contra este recurso hídrico. En ese marco, la Defensoría exhortó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), como ente rector, a activar sus mecanismos de fiscalización y supervisar de manera inmediata los puntos de vertimiento en la cuenca del río Rímac. Asimismo, llamó a la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass) a fiscalizar a las empresas prestadoras de saneamiento, como Sedapal, por el cumplimiento de sus obligaciones técnicas.
La grave contaminación que afecta el río Rímac se ha vuelto evidente en los últimos días, con una coloración oscura que se extiende a lo largo del caudal. La Defensoría del Pueblo exige una investigación y sanciones ejemplares para los culpables, con el fin de evitar que se repitan estos atentados contra el principal recurso hídrico de la ciudad.
Carlos Fernández, adjunto de administración estatal en la Defensoría del Pueblo, explicó al programa '24 Horas', de Panamericana Televisión, que la contaminación del río Rímac genera especial preocupación porque sus aguas son captadas por Sedapal y, tras ser tratadas, abastecen a Lima. Advirtió que cuando agentes externos afectan la calidad del recurso hídrico, el costo de potabilizarlo se incrementa. Por ello, urgió la intervención de las autoridades, ya que el Estado debe garantizar el derecho al agua segura, a la salud y a un ambiente sano.
En esa línea, la Defensoría pidió al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que continúe las investigaciones y determine con claridad las actividades específicas que originaron los hechos, así como a los responsables. También solicitó que el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lima actúen dentro de sus competencias para proteger el cauce del río.
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