El presidente colombiano, Gustavo Petro, exigió este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que informe dónde se encuentra el activista Beto Coral, cuyo paradero permanece desconocido desde que fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado martes en Arizona. La detención abrió un nuevo frente de tensión entre Colombia y Estados Unidos a pocas horas de la segunda vuelta presidencial.

A través de su cuenta de X, Petro cuestionó el trato recibido por Coral y pidió explicaciones al Gobierno estadounidense. “Que nos diga si somos compañeros de verdad en la lucha contra el narcotráfico, o solo nos ven como un pueblo inferior para ser utilizables, golpeables, torturizables económica y políticamente en los EE. UU.”, escribió el mandatario. El jefe de Estado aseguró que la detención del activista está relacionada con sus posiciones políticas y sus críticas a sectores de derecha.

Petro también recordó que el padre del activista, un capitán de la Policía colombiana, murió durante una operación contra Pablo Escobar. Además, sostuvo que Colombia ha realizado enormes sacrificios humanos en la lucha frente al narcotráfico y expresó su respaldo a la liberación del dirigente político. Según sus familiares, el paradero de Coral permanece desconocido desde que fue detenido por ICE.

Petro cuestiona el trato de Coral y destaca los sacrificios de Colombia en la lucha contra el narcotráfico lr.pe La familia de Franklin Humberto 'Beto' Coral denuncia su desaparición tras ser detenido por el ICE. El activista colombiano reside en Estados Unidos desde 2015 y, según sus allegados, presentó una solicitud de asilo político dentro de los plazos legales establecidos. Sin embargo, tras 10 años de trámite, el caso continúa sin una decisión definitiva. En un comunicado, los familiares exigieron su liberación y reclamaron respeto por sus derechos fundamentales, al tiempo que manifestaron preocupación porque desconocen su paradero actual. El presidente Gustavo Petro afirmó que Coral fue detenido y golpeado por autoridades estadounidenses, y llegó a calificarlo como un “preso político en Estados Unidos”. En contraste, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que Coral es un “extranjero ilegal” y aseguró que permaneció en territorio estadounidense después del vencimiento de su visa. La versión oficial contradice la postura de la familia, que insiste en que ingresó legalmente al país y buscó protección debido a amenazas relacionadas con el narcotráfico. La situación trascendió el ámbito migratorio y llegó al Congreso de Estados Unidos. El demócrata Jesús 'Chuy' García lideró una carta firmada por 11 legisladores en la que expresan preocupación por una supuesta injerencia de altos funcionarios estadounidenses en el proceso electoral. El documento fue enviado al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Los firmantes cuestionaron el respaldo brindado por figuras políticas de Washington, incluido Donald Trump, al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

El caso de Beto Coral irrumpe en uno de los momentos más tensos de la contienda presidencial colombiana. La segunda vuelta enfrenta al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en una campaña marcada por acusaciones mutuas y una fuerte confrontación política. Petro ha vinculado la captura del activista con las denuncias promovidas por De la Espriella contra personas cercanas a la izquierda colombiana; según el mandatario, Coral fue perseguido por sus posiciones políticas y por sus críticas al candidato conservador.

La controversia aumentó luego de que Trump expresara públicamente su apoyo a De la Espriella. Ese respaldo provocó críticas desde el Gobierno colombiano y sectores políticos estadounidenses que consideran que cualquier pronunciamiento externo puede afectar el desarrollo normal de las elecciones. La carta de los legisladores también menciona la detención de Coral y señala que el caso ha generado inquietud entre organizaciones progresistas y grupos religiosos. Los congresistas pidieron evitar cualquier acción que pueda interpretarse como una intervención en la soberanía democrática de Colombia.

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