El último sábado 13 de junio, agentes del serenazgo intervinieron a un adolescente de 17 años que soñaba con estudiar una carrera universitaria y lo entregaron a la Policía por una infracción a la ley penal. Los efectivos de la comisaría de Manchay lo retuvieron y lo llevaron a los calabozos de la dependencia, ubicada en el distrito limeño de Pachacámac. Horas después, fue hallado muerto.
La versión policial indicó que se trató de un suicidio: desde la comisaría describieron que el muchacho había sido encontrado en los servicios higiénicos con un hilo alrededor de su cuello. Sin embargo, la familia del adolescente fallecido, desde un primer momento, desconfió de esa versión y cuestionó el accionar policial. La autopsia, realizada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, determinó que la causa de la muerte fue por asfixia mecánica por ahorcamiento y que el agente causante fue un elemento constrictor cervical. Previamente, un médico legista había señalado que el menor tenía equimosis (moretones) en distintas partes del cuerpo.
Con las actas fiscales y policiales, se inicia una investigación que involucra a policías de la comisaría de Manchay, donde el menor fue hallado ahorcado tras ser intervenido como infractor a la ley penal. La República tuvo acceso a documentos clave. Pero, ¿qué sucedió en la ‘sala de meditación’ antes de que el menor fuera hallado ahorcado? ¿Fue homicidio o suicidio? ¿Por qué ocurrió en una dependencia donde, se supone, todos los ciudadanos deberían estar protegidos?
La fiscal Micaela Guzmán Machado se comunicó vía WhatsApp con el suboficial de segunda Diego Gálvez Quispe, de la comisaría de Manchay, a las 8:49 a. m. del 14 de junio. La conversación formaba parte de las investigaciones contra un adolescente detenido por presunta infracción contra el patrimonio (hurto agravado), en agravio de Aida Rojas Bravo (40), y contra la libertad (violación de domicilio), en agravio de Gregoria Eva Nonalaya Huamán (65). En ese mismo contacto, la representante del Ministerio Público coordinó con un abogado defensor público, ya que el menor no contaba con defensa particular.
Durante las diligencias previas al deceso, el suboficial informó que la primera agraviada, citada para las 8:00 a. m., no había llegado a la comisaría para su declaración. La fiscal llamó directamente a la señora, quien explicó que no podía dejar solos a sus hijos, pero que podía asistir por la tarde. Finalmente, fue reprogramada para las 2:00 p. m.
Más tarde, a las 12:19 horas, el suboficial comunicó a la fiscal que la segunda citada —programada para las 10:00 a. m. y 11:00 a. m.— tampoco se había presentado. No obstante, esta participó de manera virtual a las 15:15 horas. Aida Rojas también estuvo presente en la visualización del video de una cámara de vigilancia, diligencia que se realizó a las 17:05 horas.
Ya entrada la noche, a las 19:50 horas, el suboficial Diego Gálvez Quispe señaló que la declaración del menor y la Inspección Técnico Policial (ITP) estarían a cargo del suboficial de tercera PNP Camarena. Mientras tanto, persiste la interrogante sobre por qué el Sinadef ha clasificado la causa del deceso como “no se conoce”, si es que será considerada “ignorada”, como ha ocurrido con otras muertes violentas. La República tuvo acceso a actas fiscales y policiales que están en proceso de investigación y que permitirán esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió en las horas previas al fallecimiento del menor.
El acta de intervención policial, a la que tuvo acceso La República, detalla que esa noche el menor permanecía en la sala de meditación, sobre el lado izquierdo, bajo la custodia del encargado del Centro de Operaciones Policiales (Ceopol) y calabocero, según el rol de distribución del 14 al 15 de junio. Los padres del adolescente, identificados como Javier y María, realizaron diligencias policiales en coordinación con el fiscal a cargo y el efectivo de delitos y faltas.
Previamente, la agraviada por el hurto había solicitado la devolución de sus bienes, lo que acreditó con una declaración jurada. Tras coordinar con el fiscal provincial Carlos Alejandro Palomino Álvarez, se dispuso la entrega del bien, para lo cual se contactó al abogado Vicente de la Cruz. Al policía de turno se le proporcionó el número de celular y los datos del letrado para que lo llamara y consultara si se entrevistaría con el menor y su responsable.
A las 22.55 p. m., el efectivo policial informó que el menor había fallecido y que lo habían trasladado al hospital. La fiscal solicitó los nombres de los agentes que realizaron el traslado para obtener información precisa sobre la situación del investigado. Entre ellos figuraban el teniente Agustín Fernando Vilcamich, el alférez Kelsey Gamarra Sipan y el suboficial de segunda Cristian Cáceres Gutiérrez.
La fiscal se comunicó con el alférez a las 00.24 del 15 de junio. Este refirió que, junto con los efectivos mencionados, trasladaron al adolescente a la posta de salud Portada 1 de Manchay, donde observaron que el menor presentaba signos de vida.
Los padres pidieron conversar con su hijo y, según el calabocero, este les concedió un tiempo prudencial para dialogar, con la intención de no vulnerar los derechos fundamentales del menor infractor ni los de su progenitor. Luego, el padre se dirigió a la oficina de delitos y faltas. A las 22.14 horas del 14 de junio, el encargado del calabozo escuchó al progenitor decir que el menor no se encontraba a la vista dentro del ambiente.
Ante ello, el policía se acercó a la puerta y, entre las rejas, solo visualizó al otro detenido, Gerson Jhon Arce Torres (29). Este refirió que el menor estaría en los servicios higiénicos de la sala de meditación. El oficial lo llamó, pero no obtuvo respuesta. Ingresó al calabozo y fue directo al baño, donde encontró al menor que, según indicó, habría intentado suicidarse colgándose con un hilo al parecer extraído de su capucha.
El efectivo solicitó apoyo, le tomaron el pulso y, al notar signos vitales, lo llevaron al hospital con la ayuda del suboficial técnico de primera Luis Dreyfus Gama, el alférez Kelsey Gamarra Sipan y el teniente Agustín Fernando Vilcamich. La doctora Gina Teresa Iparraguirre Flores diagnosticó que “llego cadáver”.
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