El Gobierno de Bolivia ordenó el despliegue de policías y militares para liberar las rutas bloqueadas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción en todo el territorio nacional por un periodo de 90 días, tras más de siete semanas de bloqueos de carreteras y protestas impulsadas por sectores campesinos e indígenas afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen su renuncia. La medida fue anunciada durante un mensaje televisado en la madrugada, después de que el Gobierno afirmara haber agotado todas las instancias de diálogo.

En su alocución, rodeado por su gabinete, Paz justificó la decisión al señalar que existe una estrategia de desestabilización contra el orden democrático, y acusó a sectores afines a Morales de promoverla. Aseguró que quienes desafíen el orden constitucional enfrentarán consecuencias legales. “El estado de excepción no se decreta para proteger al presidente ni a su gobierno; se decreta para proteger la democracia y la vida”, afirmó. Además, sostuvo que el país enfrenta “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo” y que el objetivo de la medida excepcional es recuperar la libre circulación y garantizar la seguridad de la población.

Como parte de la disposición, Paz instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas a ejecutar acciones para restablecer el tránsito en las principales rutas de la nación. El decreto contempla el despliegue de efectivos orientados a tareas de control interno, seguridad pública y recuperación de las vías ocupadas por manifestantes. De esta forma, el Gobierno busca liberar las carreteras bloqueadas que han paralizado el país durante los últimos 50 días.

Horas antes de que el mandatario boliviano decretara el estado de excepción, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical del país. El entendimiento fue firmado por Rodrigo Paz y el dirigente minero Mario Argollo tras una reunión entre representantes sindicales y ministros de Estado. Luego de la firma, Argollo anunció el levantamiento de las medidas de presión que la COB promovía a nivel nacional. El pacto establece plazos de 90 días para que el Ejecutivo cumpla los compromisos asumidos y contempla la instalación de mesas de trabajo desde la próxima semana. Uno de los puntos centrales incluye gestiones que permitan la liberación de manifestantes detenidos durante las movilizaciones. Argollo defendió la concertación y pidió a otros sectores sumarse a una salida negociada. “Acudamos al diálogo, no permitamos que nuestro país sufra más”, manifestó.

Entre las principales medidas del estado de excepción figuran la suspensión temporal de los derechos de circulación y locomoción, la prohibición de bloqueos en rutas urbanas, rurales, departamentales e internacionales, así como restricciones a reuniones masivas sin autorización gubernamental. Los uniformados podrán instalar puestos de control y custodiar infraestructura estratégica como aeropuertos, hospitales, plantas energéticas y sistemas de telecomunicaciones. El mandatario también lanzó una advertencia a quienes continúan con las protestas. “Aún están a tiempo de desistir voluntariamente. Si tienen demandas legítimas, las puertas del diálogo siempre estarán abiertas”, expresó. No obstante, remarcó que quienes desafíen el orden constitucional deberán asumir las consecuencias legales correspondientes.

A pesar del entendimiento con la COB, los bloqueos persisten en Bolivia. La Federación de Campesinos de La Paz y grupos afines a Evo Morales, que iniciaron las protestas a comienzos de mayo, rechazan dialogar con el Ejecutivo y mantienen su exigencia de renuncia presidencial. La crisis, que ya supera los 50 días, ha dejado un saldo de al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de atención médica oportuna debido a las restricciones en el transporte. Las interrupciones en las carreteras provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, según datos de las autoridades. El impacto económico también fue devastador. El Gobierno estimó pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares durante las semanas de movilizaciones. Ante este escenario, Rodrigo Paz anunció la creación de una comisión especial para las provincias de La Paz y convocó a un acuerdo nacional. La iniciativa busca reunir a autoridades, universidades, sectores productivos, trabajadores y organizaciones sociales para encontrar soluciones de largo plazo. Mientras tanto, las organizaciones que mantienen los bloqueos continúan firmes en su postura, sin intenciones de ceder al diálogo con el Ejecutivo.

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