La Justicia española ha ordenado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea sometida a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. La investigación se centra en una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que, según la resolución, Gómez habría utilizado para favorecer intereses privados mediante recursos y contactos vinculados al sector público.

Como parte de las medidas cautelares, el juez Juan Carlos Peinado dispuso la retirada del pasaporte de la acusada, le prohibió salir de España y estableció comparecencias quincenales ante el juzgado hasta que se dicte una resolución definitiva. En el fallo difundido este sábado, se argumentó que existen "indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo" y se ordenó comunicar la restricción a puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares.

La medida aumenta la presión sobre el Ejecutivo socialista, que afronta varios procesos judiciales relacionados con personas del entorno político y familiar del mandatario.

La Justicia española ordenó que Begoña Gómez sea juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias El magistrado también procesó a la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, por las mismas infracciones, mientras que el empresario Juan Carlos Barrabés enfrenta cargos por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La resolución de 84 páginas sostiene que "la cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada". El caso gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que Gómez codirigió. El juez señala que la esposa del presidente utilizó recursos públicos y contactos personales con el fin de promover intereses particulares. Aunque la Fiscalía se opuso a las medidas cautelares, el juez acogió la petición de las acusaciones populares que encabeza Hazte Oír. "A mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida", argumentó. Desde el PSOE calificaron la decisión como una campaña de la derecha con el objetivo de socavar el gobierno en minoría de Sánchez. Fuentes de Moncloa señalaron a EFE que la instrucción "carece de todo sentido jurídico" y solo atiende a "motivos políticos". Estas también criticaron las palabras sobre los agentes de seguridad que escoltan a Gómez. Peinado sugirió que los policías "pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes, colaborar en una supuesta fuga". La administración considera esa afirmación "otro ejemplo del despropósito" del magistrado. Los partidos de la oposición han pedido la dimisión de Sánchez y la convocatoria adelantada de elecciones. El jefe del Gobierno, que tituló su biografía como 'Manual de resistencia', descarta renunciar. En este sentido, se muestra convencido de poder agotar su mandato, previsto en principio para el próximo año. lr.pe

Amenaza al entorno de Sánchez

La presión sobre el presidente Pedro Sánchez se intensificó con el escándalo de José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias por el presunto cobro de comisiones en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021. El exdirigente también niega las acusaciones. A esto se suma que el hermano del mandatario, David Sánchez, fue juzgado en las últimas semanas por un presunto trato de favor para obtener un cargo público. En abril, quien fuera mano derecha de Sánchez y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, enfrentó un juicio por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.

La investigación contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, comenzó en abril de 2024 tras una denuncia de un grupo anticorrupción con vínculos con la extrema derecha. Al conocerse el caso, el mandatario suspendió sus obligaciones públicas durante unos días para reflexionar sobre su continuidad. En su resolución, el juez calificó las conductas de Gómez como "propias de regímenes absolutistas" y las comparó con el "reinado de Fernando VII".

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