Colcabamba: juez dicta 12 meses de prisión preventiva para 8 militares acusados de asesinar a 5 jóvenes

El juez José Matos Centeno ordenó 12 meses de prisión preventiva para los ocho militares implicados en la muerte de cinco jóvenes en Colcabamba (Tayacaja, Huancavelica). La medida busca garantizar la continuidad de las investigaciones, luego de que los efectivos del Ejército se negaran a declarar ante la fiscalía sobre las circunstancias del crimen. Durante la audiencia, que comenzó el viernes 19 y culminó el sábado 20 a las 6:30 a. m., la defensa de los uniformados solicitó que la sesión se declare en "reserva" alegando que manejaban "información de inteligencia", pedido que fue rechazado por el juez. La Fiscalía acreditó ante el juzgado que los acusados se excedieron en el uso de la fuerza, no tuvieron el propósito de detener a las víctimas e intentaron modificar la escena del crimen para presentar a los fallecidos como supuestos narcotraficantes. El fiscal Jhoel Chamorro Makukachi señaló que los peritajes balísticos indican que todos los imputados dispararon hacia la camioneta donde se encontraban las víctimas, e incluso contra testigos y sobrevivientes que se acercaron al vehículo detenido, para luego seguir usando sus fusiles. En la imputación, el fiscal precisó que no estaba en discusión el operativo militar en sí, sino determinar la responsabilidad por el delito de homicidio calificado. La patrulla del Ejército que cometió el crimen el 25 de abril estuvo conformada por el capitán EP Luis Montenegro Pardo, el teniente EP Brayan Fernández Dett y los suboficiales Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Marcos Guerra, Andy Sánchez Ríos, Jorge Aguilar García, Américo Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano.

El juez José Matos ordenó la prisión preventiva de los ocho militares, una decisión que, según la fiscalía, representa “un primer paso para encontrar justicia” por el asesinato del ciudadano colombiano Nilson Montenegro Valencia (25) y de los peruanos Wilder Romero Sevipaucar (32), Jaime Bendezú Paraguay (28), William Núñez Soto (19) y Cristian Vilcatoma Águila (18). Durante la audiencia, la fiscalía presentó las actas de entrega de armamento y municiones, que acreditan que los imputados recibieron fusiles de asalto Scar-L de calibre 5,56 de fabricación belga, granadas y equipo táctico, demostrando que contaban con armamento letal asignado oficialmente para la operación. También se incorporaron las actas de intervención policial y de ocurrencia, que describen el operativo militar del 25 de abril de 2026 y descartan un enfrentamiento armado, como alegaron falsamente los militares. Otro grupo de pruebas clave son las actas de levantamiento de cadáveres y necropsias, que detallan que las víctimas murieron por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en zonas vitales como la cabeza y el tórax, lo que sustenta la tesis de homicidio y tentativa de homicidio. La defensa de los efectivos señaló que estos cumplieron con una orden para intervenir a un grupo de narcotraficantes que planeaba transportar 500 kilos de droga por la zona de Colcabamba, pero el peritaje al vehículo no detectó cocaína.

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