El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR), César Ballón, señaló que el objetivo de la propuesta es modernizar una norma que calificó como “desgastada y difícil de aplicar” debido a las múltiples modificaciones que ha sufrido desde su aprobación en 2008. En ese marco, cinco gremios del sector advierten la necesidad de modificar la obligatoriedad del despacho anticipado, entre otros aspectos de la actual ley.
Ballón aclaró que no se trata de eliminar esta herramienta, sino de devolverle al importador la opción de decidir si la utiliza o no. Aunque reconoció que el despacho anticipado fue un gran avance que redujo tiempos, al convertirlo en obligatorio se generaron contradicciones. El representante de ASPPOR explicó que en esta modalidad se debe presentar documentación con los datos antes de la llegada de las naves con cargamento, pero estos no siempre son definitivos. Algunos aspectos que pueden variar son el costo del flete, lo que implica modificar la información de la factura comercial.
Por ello, con esta modalidad se tiene un plazo para corregir los datos. Sin embargo, actualmente se estarían aplicando multas aunque los importadores regularicen la información dentro del tiempo establecido por ley, según alertó ASPPOR. Cabe recordar que hace unos años el despacho anticipado había sido impulsado por las asociaciones de comercio exterior, pero ahora el propio sector plantea cambios. Este tema ha causado posiciones encontradas: mientras un grupo considera que eliminar la obligatoriedad es clave, otro sostiene que no debe retrocederse.
Ballón, representante de ASPPOR, señaló que el principal problema radica en las multas que se aplican al “normal desenvolvimiento del despacho anticipado obligatorio”. En ese sentido, consideró necesario que se flexibilice la medida, eliminando al menos las sanciones económicas si se mantiene como obligatoria. “Lo ideal sería que el despacho anticipado fuese opcional, si esa posibilidad no avanzara, lo correcto entonces sería que le quitásemos las multas que en este momento existen”, indicó.
El especialista explicó que antes los importadores tenían 15 días para regularizar la documentación cuando los datos no coincidían exactamente con la mercancía recibida. Puso como ejemplo un caso en el que se pagó impuesto por US$ 8,000, pero el valor final subió a US$ 8,250: antes solo se pagaban los impuestos faltantes, pero ahora también se debe pagar una multa, lo que genera “una especie de sobrecosto” en perjuicio de los comerciantes. “Hay una contradicción entre la facilidad que se pretende conseguir con el despacho anticipado y la forma en que realmente se está aplicando”, agregó.
Ballón recordó que un informe del área legal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) concluyó que se aplicarán sanciones incluso si la transmisión de datos se realiza antes de la llegada del medio de transporte en vías marítimas, terrestres o fluviales, o dentro de las 24 horas de la llegada en la vía aérea. Frente a la posición de la Sunat, que sostiene que la obligatoriedad redujo los tiempos de espera de 146 a 33 horas, Ballón indicó que la eficiencia no debería perderse si se permite la elección del operador.
¿Llegarían a un acuerdo con Sunat?
Pese a que Sunat ha planteado discutir cambios a la regulación del despacho tributario, el gremio de operadores portuarios insiste en que la modificación debe hacerse mediante una nueva ley, no solo con ajustes internos del ente recaudador. “Lo que estamos proponiendo no solamente es la modificación de las sanciones, sino también la modificación de las de la tipificación de infracciones y eso forma parte de la ley”, explicó Ballón, presidente de ASPPOR. El dirigente agregó que “no discutamos por un camino que no vamos a poder resolver, discutamos por el camino que sí lo vamos a poder resolver, que es el camino de la ley”.
Ballón recordó que la normativa actual fue emitida mediante un decreto legislativo, por lo que cualquier solución con el Estado requeriría una delegación de facultades legislativas, algo que hoy no es posible. Además, advirtió que lo propuesto por Sunat no abarca todos los cambios que plantea el proyecto de ley, como las modificaciones en multas por manifiestos de carga y decomisos de mercadería.
¿Qué otras modificaciones buscan?
Entre los cambios centrales, el gremio propone que el país cuente con un solo código aduanero nacional, en lugar de códigos distintos por cada jurisdicción portuaria o aeroportuaria. Así, insisten en que la vía legislativa es la única que permitirá resolver integralmente la controversia.
Los gremios también proponen agilizar la gestión de la mercancía en abandono legal, que se acumula en puertos y almacenes sin ser rematada ni adjudicada, generando costos y pérdida de espacio. La idea es que los propios almacenes puedan impulsar los remates, permitiendo que el Estado recupere recursos, los operadores cobren por sus servicios y las áreas queden libres para nueva carga. “Hoy en día si la mercancía que declaraste para un puerto termina llegando a otro, debes volver a numerar un despacho, volver a pagar tributos y luego pedir devolución de lo ya pagado. Es un proceso engorroso y costoso. Con un código único ese problema se eliminaría”, señala Ballón. El vocero resalta que la iniciativa de los gremios no es un texto cerrado, pues se aceptarán posibles modificaciones. Lo importante, destacó, es que se abra una mesa técnica en el Congreso con todos los actores de la cadena para establecer una nueva ley.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
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