La Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco) tiene en agenda una serie de proyectos de ley que marcarán sus últimos meses de trabajo en un Congreso unicameral. Gestión revisó estos expedientes —sumando cuatro más que ya están listos para el Pleno o requieren una segunda votación— para identificar los intereses prioritarios del grupo parlamentario.
No hay un sector económico que concentre la atención de la comisión, sino propuestas variadas que responden a la coyuntura actual. Por ejemplo, seis proyectos de ley —todos recaídos en un mismo dictamen— buscan prohibir el uso de la eritrosina (colorante rojo n.º 3) desde 2027 en alimentos y desde 2028 en fármacos. Estas iniciativas surgieron tras el pronunciamiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que prohibió este colorante desde el 15 de enero de 2025.
Los conciertos siguen en el radar de Codeco. Tres proyectos, que ya cuentan con dictamen favorable, proponen permitir el ingreso de agua y alimentos “para consumo personal” en este tipo de eventos.
En el sector aeroportuario, la comisión también mantiene actividad. Tras la discusión y entrada en vigencia de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) a finales de 2025, el congresista Wilson Soto propuso eliminarla para pasajeros nacionales. Sin embargo, ese proyecto ha mutado desde entonces.
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En el ámbito aeroportuario, el dictamen aprobado busca reforzar el rol supervisor del Ositrán en asuntos tarifarios de concesiones como la del AIJCH, con el objetivo de evitar “sorpresas” para los usuarios, como ocurrió con la TUUA. Además, dos proyectos de ley con dictamen conjunto aprobado en Codeco establecen mecanismos de compensación en vuelos por overbooking y reprogramaciones. La propuesta contempla que, aparte del costo del pasaje, los pasajeros reciban una compensación adicional del 200% del precio original, más los gastos ordinarios de alojamiento y otros hasta poder abordar el próximo viaje.
José Gonzáles Cucho, socio en Diez Canseco Abogados, calificó estas iniciativas como populistas y sin un análisis costo-beneficio. “Muchos no responden a un problema como tal, son hechos anecdóticos. Codeco tiene una mala práctica recurrente: repetir proyectos que no llegan al final (aprobarse como leyes, lo que explica su alta cantidad de dictámenes)”, explicó.
Foco en los servicios digitales y publicidad engañosa
La comisión también pone énfasis en que los usuarios tengan herramientas de protección al usar servicios digitales. La única iniciativa de Codeco que está en agenda del pleno apunta a ello: la propuesta del congresista Elvis Vergara busca regular plataformas de intermediación digital para transporte de personas, como Uber. De ser ley, se crearía un registro oficial de estos espacios, se exigirían requisitos de información mínima en sus páginas web y se establecería un régimen sancionador a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
En el Congreso también se han presentado tres iniciativas para regular la venta de bebidas alcohólicas a través de plataformas de delivery como Rappi. Estas propuestas, que ya cuentan con dictamen favorable, establecen que las municipalidades donde se distribuyan dichas bebidas deberán autorizar su comercialización en entornos virtuales, además de fijar otros requisitos vinculados al rotulado. Sin embargo, para Alex Sosa, socio del Estudio Muñiz, estas medidas son innecesarias, pues el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ya cuenta con herramientas eficaces para supervisar los espacios digitales. “Uno, por ejemplo, busca crear la figura del consumidor digital, pero es innecesario: el Código de Defensa del Consumidor ya habla de consumidor final y esa figura alcanza a lo digital. Aparte, el 90% de los casos sancionados por Indecopi sobre cláusulas abusivas en 2025 se enfocaron en términos y condiciones de páginas web”, aseguró.
Otros proyectos llamativos buscan obligar a las empresas de telecomunicaciones a informar sobre la reducción de sus tarifas y a los proveedores a publicar los precios por unidad de sus productos. Además, se pretende “enfrentar” la publicidad engañosa de productos que afirman estar elaborados con frutas. Sobre estos últimos, que son tres proyectos cuyo dictamen conjunto ya fue aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco), se busca prohibir que los productos se promocionen como jugos naturales y utilicen imágenes alusivas a frutas en su publicidad si su elaboración no se ajusta al Codex Alimentarius, una guía respaldada por la FAO sobre zumos. “Nuevamente, en el caso de las frutas en los empaques, hay potencial sobrerregulación. Ya tenemos una ley de represión de la competencia desleal que sanciona publicidad engañosa. Se promulgó en 2008”, criticó Sosa.
En la agenda de la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco) también figuran proyectos que apuntan a la estructura de Indecopi. Dos iniciativas con dictamen favorable buscan elevar la escala remunerativa de la entidad, mientras que otras pretenden incorporar ministerios al Consejo Nacional de Protección al Consumidor. Sin embargo, los más destacados, por haber recibido ya una votación favorable en el pleno, son tres proyectos de reforma constitucional para que Indecopi se convierta en un organismo autónomo. Para los expertos consultados, esta propuesta es positiva. “Sería valioso porque Indecopi es el garante de la economía social de mercado. Para proteger al consumidor analiza intelectualidad, libre competencia y desleal, concursal, control de concentraciones. Hace sentido que tenga esa independencia por su influencia en la actividad económica”, resaltó Gonzáles. Sosa agregó que las otras iniciativas podrían complementar la reforma constitucional. “Hoy en día los sueldos en Indecopi no pueden competir con los del sector privado. Es un riesgo: el funcionario podría ser menos exhaustivo en procedimientos porque ve oportunidades laborales potenciales en sus casos”, estimó.
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