La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, a cargo del procurador Moisés Vega de la Cruz, presentó una denuncia penal contra nueve personas por la presunta comisión del delito de perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado peruano. La acción legal se enmarca en el contexto de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026.
Entre los denunciados figuran el excandidato presidencial Antauro Humala, el también político Hernando Cevallos y Claudia Cisneros. La lista se completa con César Tito Rojas, Lucio Ccallo, Pavel Yábar, Andrea Valderrama, Elizabeth Flores y Luz del Carmen Bazalar.
El documento fue dirigido formalmente al fiscal responsable de la Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María, instancia que deberá evaluar el inicio de las diligencias preliminares. Vega de la Cruz solicitó que se abra una investigación preliminar ante la Fiscalía Corporativa Penal de Lima.
Como principales elementos de convicción, la Procuraduría adjuntó dos oficios elaborados por la División de Inteligencia contra la Criminalidad (Divincri) de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Estos informes identifican presuntas conductas de azuzamiento e incitación a la confrontación difundidas a través de plataformas digitales. Además, se incluyeron registros fotográficos de las publicaciones y dos informes técnicos emitidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
Tras conocerse la denuncia, el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, se pronunció a través de sus redes sociales para rechazar la medida. Sánchez, quien compitió en la segunda vuelta electoral, expresó su desacuerdo con la acción legal emprendida por la Procuraduría.
La periodista Claudia Cisneros también se pronunció y rechazó de manera categórica la denuncia en su contra. En un comunicado, sostuvo que “expresar opiniones políticas, cuestionar a las autoridades, advertir sobre riesgos para la democracia o respaldar movilizaciones ciudadanas pacíficas no son delitos: son actos legítimos de participación política y libertad de expresión”. Cisneros Méndez calificó como preocupante que una institución del Estado “pretenda convertir el ejercicio de derechos fundamentales en materia de persecución penal”. “Cuando se investiga a ciudadanos por sus opiniones o por convocar y respaldar acciones democráticas y pacíficas, no estamos ante la defensa del orden público, sino ante un intento de intimidar y desalentar el disenso”, remarcó.
Además, la periodista afirmó que siempre ha actuado dentro de la ley, en ejercicio de derechos amparados por la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. “Por ello, considero que esta denuncia constituye un acto de persecución política que busca castigar voces críticas y generar un efecto de amedrentamiento sobre quienes participan en el debate público”, señaló. En esa línea, agregó: “La democracia no se fortalece persiguiendo a quienes piensan distinto. Se fortalece garantizando que todos podamos expresarnos, organizarnos y participar libremente en la vida política sin temor a represalias del poder”.
Previamente, el excongresista Roberto Sánchez Palomino había rechazado la denuncia a través de su cuenta en X. En su mensaje, sostuvo que no aceptará la criminalización ni el amedrentamiento de quienes, según afirmó, ejercen la legítima defensa de los derechos democráticos. “Rechazamos la denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público contra dirigentes políticos, sociales y ciudadanos vinculados a la convocatoria de movilizaciones en defensa de la democracia y de la voluntad popular”, escribió.
La ONPE ya publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. La periodista Karina Valencia, de El Poder en tus Manos, brinda los detalles en el informe que se presenta a continuación.
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