La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público presentó una denuncia penal que solicita investigar a Antauro Humala por la presunta comisión del delito de perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado peruano. La acción legal, remitida a la Fiscalía Corporativa Penal de Lima, también alcanza al exministro de Salud Hernando Cevallos, a la periodista Claudia Cisneros y a otras seis personas: César Tito Rojas, Lucio Ccallo, Pavel Yábar, Andrea Valderrama, Elizabeth Flores y Luz del Carmen Bazalar. Todos ellos fueron incluidos en el mismo expediente, cuyo objetivo es que se evalúe el inicio de una investigación preliminar contra los nueve involucrados.

La medida fue planteada en el marco de los hechos ocurridos durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026. De acuerdo con el documento, la Procuraduría sostiene que existen elementos que justifican una evaluación fiscal sobre la actuación de los denunciados en ese periodo electoral. El procurador Moisés Vega de la Cruz fue quien presentó la denuncia ante el Ministerio Público, y el caso ya fue remitido a la jurisdicción correspondiente para que se determinen las acciones que correspondan conforme a ley.

Entre los principales sustentos del expediente figuran dos informes elaborados por la División de Inteligencia contra la Criminalidad de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. Estos documentos fueron incorporados como parte de los elementos de convicción presentados por la Procuraduría. Según la denuncia, dichos reportes identifican presuntas conductas de azuzamiento e incitación a la confrontación difundidas a través de plataformas digitales. La entidad considera que esos contenidos podrían estar relacionados con una afectación a la tranquilidad pública durante el contexto postelectoral.

La Procuraduría remitió toda la documentación —que incluye registros fotográficos de las publicaciones denunciadas y dos informes técnicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima— a la Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María. Esta instancia será la encargada de analizar el material y decidir si corresponde abrir diligencias preliminares. La denuncia se encuentra en evaluación dentro del Ministerio Público. Tras conocerse la medida, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció a través de sus redes sociales para expresar su desacuerdo. El líder de la agrupación sostuvo que no aceptará acciones que, según afirmó, busquen afectar a quienes participan en la defensa de posiciones políticas y electorales. Además, cuestionó que se pretenda atribuir responsabilidad penal a personas que se han pronunciado sobre el proceso electoral. “No aceptaremos la criminalización ni el amedrentamiento de quienes ejercen la legítima defensa de los derechos democráticos”, expresó Sánchez en su publicación. La Fiscalía deberá revisar los documentos antes de adoptar una decisión sobre el caso.

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