El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez Palomino, encabezó la movilización denominada “marcha en defensa de la democracia” que su partido convocó para exigir transparencia electoral en la recta final de la segunda vuelta presidencial que disputa con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Sánchez dejó su local de campaña, ubicado en la cuadra cuatro de la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón), en el Cercado de Lima, para sumarse a la protesta que recorrió las calles del centro histórico de la ciudad.
De acuerdo con la verificación de RPP, en la marcha también participaron Ana Li Márquez y Brígida Curo, candidatas a la primera y segunda vicepresidencia de la plancha de JP, respectivamente.
La movilización se realizó pese a que el Ministerio del Interior (Mininter) desestimó la solicitud de garantías para el orden público presentada por el partido. El personero legal de Juntos por el Perú, Carlos Zafra Flores, había planteado el requerimiento, pero el Mininter respondió con un documento fechado el 19 de junio en el que advierte: “Comunicar al administrado que incumpla lo dispuesto en la presente resolución directoral será pasible de las acciones sancionatorias correspondientes”.
En paralelo, Sánchez Palomino utilizó su cuenta en la red social X para rechazar la denuncia penal interpuesta por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público contra “dirigentes políticos, sociales y ciudadanos vinculados a la convocatoria de movilizaciones en defensa de la democracia y de la voluntad popular”. El candidato calificó la acción como un intento de intimidar a quienes exigen transparencia en el proceso electoral.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra once personas, entre ellas Claudia Cisneros Méndez, César Tito Rojas, Lucio Ccallo Ccallata, Hernando Cevallos, Pavel Yábar Gonzales, Andrea Valderrama Campos, Elizabeth Flores, Luz Bazalar Miranda y Antauro Humala, por la presunta comisión del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública. Frente a esta acción legal, el candidato Roberto Sánchez, quien encabeza la movilización convocada por Juntos por el Perú, defendió la protesta. “Defender el voto ciudadano y la soberanía popular no es delito. La protesta pacífica es un derecho constitucional. No aceptaremos la criminalización ni el amedrentamiento de quienes ejercen legítimamente sus derechos democráticos. Por justicia electoral”, señaló.
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