La morosidad en los alquileres se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para los propietarios de viviendas en renta en Lima. Según datos de Inquilinos Morosos SAC, durante 2025 la tasa de incumplimiento alcanzó el 30,8%, lo que significa que casi tres de cada 10 inquilinos no pagaron la renta. Esta situación no solo implica una pérdida de ingresos para los dueños, sino que también puede generar deudas acumuladas por mantenimiento, arbitrios y servicios, además de procesos legales que se extienden por meses.

Ante este escenario, Jorge Campos, gerente general de Proper, explicó a La República que el principal riesgo para un arrendador es que el inquilino deje de pagar. Advirtió que, cuando el proceso de alquiler no se maneja de manera profesional, recuperar un inmueble por la vía judicial puede tomar entre 6 y 18 meses. Por ello, la empresa recomienda revisar los antecedentes del inquilino, formalizar los contratos y aplicar mecanismos legales que reduzcan los riesgos de impago.

Campos enfatizó la importancia de evaluar detenidamente a los potenciales inquilinos antes de firmar cualquier contrato. La recomendación apunta a reforzar la seguridad en los acuerdos de arrendamiento para evitar que los propietarios enfrenten procesos prolongados y pérdidas económicas. La creciente morosidad obliga a los dueños a tomar medidas preventivas más estrictas, como verificar el historial crediticio y establecer cláusulas claras que protejan su inversión.

Campos señaló que uno de los errores más frecuentes es utilizar contratos genéricos obtenidos en internet para evitar costos de asesoría legal. Indicó que estos documentos pueden cubrir gran parte de los aspectos básicos de un arrendamiento, pero suelen omitir cláusulas relevantes para la protección del propietario. Entre los aspectos que deben definirse con claridad figuran los canales y medios de pago, las condiciones frente a incumplimientos, las visitas al inmueble, los daños a la propiedad y las causales de desalojo. Destacó la importancia de incorporar una cláusula de allanamiento a futuro, mecanismo contemplado en la legislación peruana que permite agilizar los procesos de desalojo ante incumplimientos.

Antes de firmar el contrato, el especialista recomendó realizar una evaluación previa del candidato, que debe incluir el historial financiero, la estabilidad laboral, las referencias de alquileres anteriores y la verificación de antecedentes. Sugirió priorizar a personas con actividad económica formal, ya que tienen incentivos para mantener un buen historial financiero. Otra de las recomendaciones es formalizar el contrato ante notaría. El gerente general de Proper indicó que lo más conveniente es contar con un documento elaborado o revisado por un especialista y certificar las firmas para otorgarle mayor respaldo legal.

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El especialista precisó que la clave para reducir riesgos está en no tomar decisiones apresuradas y dedicar tiempo a validar la información del potencial inquilino antes de concretar el alquiler. Muchos propietarios desconocen que existen herramientas legales y mecanismos de evaluación que pueden ayudarlos desde el inicio. En ese sentido, sostuvo que el arrendamiento ya no debe gestionarse solo sobre la base de la confianza: así como las entidades financieras evalúan a quienes solicitan un crédito, los dueños de inmuebles también deben incorporar mecanismos de validación y seguimiento para tomar decisiones más informadas. Además, destacó el crecimiento de la administración profesional de alquileres entre inversionistas inmobiliarios. Estas empresas se encargan de validar la identidad de los inquilinos, revisar antecedentes financieros, elaborar contratos, realizar la cobranza digital y efectuar un seguimiento permanente de los pagos, con lo que reducen los riesgos asociados al arrendamiento.

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