Inmunidad para militares extranjeros en Ecuador: ¿qué establece el decreto de Daniel Noboa y cuáles son sus alcances?

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el jueves 18 de junio el decreto 424, que otorga inmunidad al personal militar extranjero que participe en operaciones contra bandas criminales en el marco del “conflicto armado interno” que el mandatario declaró desde 2024. La medida, según el propio Noboa, es “fruto de meses de trabajo, especialmente con la última reunión en el Pentágono”, celebrada el 15 de junio junto al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Con esta disposición, se extienden a otros países las garantías que ya se habían acordado previamente con Washington, aunque su aplicación genera dudas sobre su legalidad y posibles vulneraciones de derechos humanos. El decreto señala textualmente que “el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos” por Ecuador. Noboa explicó en un video difundido por la Presidencia que, a partir de esta decisión, “militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad”. La declaración de “guerra total” contra los grupos criminales se produjo el mismo 18 de junio, después de que dos sicarios adolescentes asesinaran a Carlos Alberto Suástegui Villanueva, presunto cabecilla de la banda Los Águilas, en la puerta del aeropuerto de Guayaquil. Ecuador registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, en el contexto del conflicto armado interno que el gobierno sostiene contra las organizaciones delictivas. La inmunidad concedida a los militares extranjeros se suma a otras medidas del decreto para endurecer la persecución de las pandillas, pero la comunidad jurídica y organizaciones de derechos humanos cuestionan su alcance y compatibilidad con el derecho internacional.

Noboa prometió que “desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo”. El decreto menciona explícitamente a Estados Unidos como marco de referencia, destacando tres acuerdos bilaterales que permiten a miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y al personal civil del Departamento de Guerra operar “temporalmente” en Ecuador bajo “privilegios, exenciones e inmunidades” similares a las del personal diplomático. Estas concesiones se extenderán también a integrantes de Fuerzas Armadas de otros países aliados.

Ecuador ya recibe apoyo estadounidense, especialmente en inteligencia, aunque hasta ahora sin tropas en el terreno. El caso más conocido fue la asistencia de un helicóptero militar estadounidense al Ejército ecuatoriano en el bombardeo de marzo de 2026 contra un supuesto campamento narco en Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia. Según ‘The New York Times’, ese ataque impactó en realidad en una finca lechera.

En una entrevista con ‘Radio Marejada’ del 3 de junio, Noboa aseguró que cuenta con apoyo político o tecnológico de Europol, Brasil, Israel, Canadá, Estados Unidos y México en su lucha contra los grupos criminales. Además, según recopila el medio local ‘Primicias’, en los últimos dos años el mandatario ha firmado pactos de cooperación en seguridad con Francia, Reino Unido, la Unión Europea, Uruguay, Argentina y Perú. No obstante, ‘Primicias’ aclara que en ninguno de esos acuerdos se contempla el envío de tropas o unidades policiales a Ecuador. Esa opción requeriría nuevos acuerdos bilaterales, conforme a la legislación de los países firmantes, que deben ser ratificados en Ecuador por la Corte Constitucional, como ocurrió con Estados Unidos.

En Ecuador y Estados Unidos, la idea de tropas extranjeras en operativos contra el crimen genera rechazo. En el referendo constitucional de noviembre de 2025, el 60% de los ecuatorianos votó en contra de establecer bases militares foráneas. Críticos señalan que, aunque Noboa no ha llegado a plantear esa opción, sus decisiones chocan con la voluntad popular expresada en las urnas.

El concepto de “conflicto armado interno” impulsado por el mandatario también ha sido cuestionado por la Corte Constitucional de Ecuador, que ya emitió tres fallos desfavorables contra sus medidas. En marzo de este año, ocho relatores especiales de la ONU objetaron que el Gobierno designe a organizaciones criminales como “grupos terroristas”, pues esa clasificación podría “justificar medidas ilegales”, como restricciones de derechos humanos y uso ilícito de la fuerza.

En mayo, al menos 20 congresistas demócratas de EE.UU. pidieron en una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, la suspensión “inmediata” de las operaciones conjuntas antinarcóticos en Ecuador. Alegaron un posible incumplimiento de las Leyes Leahy, “que prohíben la asistencia a fuerzas de seguridad extranjeras implicadas de manera creíble en graves violaciones de derechos humanos sin medidas efectivas para llevar a los responsables ante la Justicia”.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidos presuntos abusos de militares y policías. Según Amnistía Internacional, la Fiscalía registra unos 43 casos de posibles desapariciones forzadas desde 2023. A esto se suma que la efectividad del uso de la fuerza y el lenguaje bélico es puesta en duda cuando Ecuador mantiene una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina.

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