El presidente Daniel Noboa firmó este jueves un decreto que concede inmunidad al personal extranjero que participe en el conflicto armado interno declarado contra el crimen organizado. El documento establece que esos efectivos "gozarán de inmunidad conforme a los instrumentos internacionales aplicables". La medida busca facilitar la cooperación exterior para neutralizar las amenazas de bandas dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. Noboa explicó que la norma es resultado de su reciente visita a Estados Unidos. "Esta medida es resultado de meses de trabajo, en especial durante nuestra última reunión en el Pentágono. Desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte", declaró en un video. El decreto también autoriza indultos para militares, policías y civiles que actúen en defensa del Estado, e insta al Parlamento a conceder amnistías. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cuestionan la estrategia de seguridad y denuncian presuntos abusos en operativos militares. Advierten que los estados de excepción decretados en Ecuador no han logrado frenar el avance de la violencia, mientras el país registra cifras récord de homicidios. La decisión de Noboa se da en un contexto de crisis de criminalidad que ha llevado al despliegue de 13.000 militares en provincias como Guayas y Manabí.

Ecuador registra récord de 9.281 homicidios durante 2025

A pesar de la declaración de conflicto armado interno y los sucesivos estados de excepción, Ecuador no logra frenar la violencia. En 2025 se contabilizaron 9.281 asesinatos, una tasa superior a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de Latinoamérica. La provincia de Guayas concentra el 43% de las muertes violentas a nivel nacional. Ante esta crisis, 13.000 militares comenzaron a desplegarse desde este jueves en cuatro provincias costeras: Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos. Guayas recibirá cerca de 6.000 efectivos. El general Mauro Bedoya, jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, explicó que el objetivo es "disminuir ante todo las muertes violentas y tener el control de las ciudades más violentas".

La movilización coincide con el nuevo estado de excepción decretado por Noboa por 60 días en diez provincias y tres municipios, el último de una serie de medidas que se prolongan casi dos años y medio. Pese a ello, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian presuntos abusos militares. Amnistía Internacional señala que la Fiscalía registra 43 casos de posibles desapariciones forzadas desde 2023. Uno de los más emblemáticos ocurrió en diciembre de 2024: cuatro menores afrodescendientes fueron detenidos de manera irregular por patrullas en Guayaquil y aparecieron calcinados cerca de una base militar. La justicia condenó a los uniformados implicados. El general Bedoya aclaró que, por el momento, no tienen conocimiento del arribo de tropas extranjeras. "Continuaremos recibiendo asesoramiento y apoyo tecnológico de países aliados", señaló.

Derechos humanos cuestionan la política de seguridad

Pese a la declaración de conflicto armado interno y los sucesivos estados de excepción, la violencia no cede en Ecuador. Los grupos criminales dominan rutas clave para el narcotráfico y mantienen enfrentamientos por el control territorial, convirtiendo al país en uno de los más violentos de la región. La seguridad sigue siendo el principal desafío para el gobierno de Noboa, que apuesta por la cooperación internacional con el respaldo de la administración de Donald Trump.

Los constantes estados de excepción y el despliegue militar generan críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos. Denuncian que la política de mano dura del gobierno no ha logrado frenar la violencia y ha derivado en abusos de fuerza. El sector turístico también reclama por el impacto de la inseguridad y los mensajes de "guerra" que, según empresarios, alejan a los visitantes extranjeros.

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