La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revisará la resolución que negó el pedido del expresidente Pedro Castillo para archivar el delito de organización criminal que la Fiscalía le imputa en los casos acumulados de Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda. El tribunal declaró "bien concedido" el recurso de apelación que el exmandatario presentó el 12 de junio de 2025 contra un fallo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.
En una resolución del 4 de junio de 2025, Checkley había declarado infundada la excepción de improcedencia de acción que la defensa legal de Castillo interpuso para que se archive dicho ilícito en la investigación preparatoria que afronta por estos casos. La defensa del exjefe de Estado plantea como pretensión principal que se revoque la resolución apelada y, reformándola, se declare fundada la excepción de improcedencia de acción que dedujo. Como pretensión secundaria, pide que se declare nula la resolución recurrida y se ordene a otro juez emitir un nuevo fallo.
En el recurso de apelación se alega que el auto impugnado no consideró que no se configura el elemento objetivo del tipo penal referido a organización criminal y que, además, la resolución adolece de motivación aparente. Ante ello, el tribunal supremo determinó que en este caso se cumplen los presupuestos del Código Procesal Penal para admitir la apelación. Por lo tanto, oportunamente se fijará fecha y hora de la audiencia virtual para evaluar el recurso con la participación de todas las partes procesales involucradas.
En la investigación preparatoria que la Fiscalía sigue contra el exmandatario por los presuntos delitos de colusión simple y tráfico de influencias agraviado en perjuicio del Estado, la Corte Suprema ya le había impuesto 36 meses de prisión preventiva. Previamente, el 4 de diciembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Esa condena la cumple actualmente en el establecimiento penitenciario Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.
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