Ante el virtual triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral, la reacción del líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha sido calificada como irresponsable y extremista. En los últimos días, Sánchez ha instalado sospechas permanentes sobre el proceso sin presentar pruebas concluyentes, lo que resulta peligroso porque erosiona la confianza en las instituciones y alimenta una polarización que el país ya no necesita. Cuestionar un proceso electoral es un derecho legítimo cuando existen evidencias sólidas y mecanismos institucionales para sustentar las observaciones, pero no cuando se actúa sin ellas.

Los peruanos no pueden seguir atrapados en una dinámica donde cada elección termina convertida en una disputa interminable sobre la legitimidad de los resultados. Una democracia madura exige vigilancia y fiscalización, pero también responsabilidad. Hasta el momento, si las autoridades electorales y los organismos competentes validan el proceso, corresponde respetar el resultado final. De lo contrario, se corre el riesgo de debilitar uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático: la confianza en el sufragio como mecanismo legítimo para decidir quién gobierna.

Más preocupante aún sería trasladar esa confrontación a las calles mediante movilizaciones que puedan derivar en enfrentamientos o actos de violencia. La democracia ofrece canales institucionales para resolver controversias; cuando estos son reemplazados por la presión y la confrontación, todos perdemos.

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