La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en el marco de un expediente calificado como crimen de lesa humanidad. La decisión incluye un llamado a indagatoria para que el exmandatario responda por su presunta conexión con estructuras paramilitares que habrían operado en Antioquia.
Según informó el ente acusador, la pesquisa busca esclarecer la posible relación de Uribe con un grupo armado ilegal que habría actuado desde la Hacienda Guacharacas, propiedad de su familia. La fiscal Gloria Marcela Abadía, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, señaló que las pruebas recopiladas permiten avanzar hacia una nueva etapa procesal. Entre los hechos investigados figuran la masacre de El Aro, la de La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
La justicia colombiana abrió esta investigación formal contra Uribe, quien ya había sido señalado en anteriores procesos por vínculos con grupos paramilitares. La Hacienda Guacharacas, ubicada en Antioquia, es el punto central de las indagaciones, pues desde allí se habrían coordinado actividades ilícitas. La fiscal Abadía destacó que el caso avanza con base en pruebas que sustentan la acusación por homicidio agravado y concierto para delinquir.
Horas después de conocer la decisión judicial, Álvaro Uribe reaccionó en su cuenta de X. Allí aseguró que sus abogados fueron notificados por la Fiscalía Tercera y cuestionó el momento de la medida. “A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, escribió el exmandatario. En otro mensaje denunció una “injusticia de clara presión política” y criticó a la fiscal del caso. También sostuvo que no fue escuchado antes del llamado a indagatoria.
La investigación cobró relevancia semanas después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena contra Santiago Uribe por vínculos con el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles. En paralelo, el presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones del líder del Centro Democrático y le propuso acudir a la Justicia Especial para la Paz. El mandatario recordó una invitación previa para comparecer ante ese tribunal. “Hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP y se ahorraba usted el suplicio y Colombia ganaba con la verdad”, escribió Petro en X. Agregó que el país podría beneficiarse de un esclarecimiento completo de los hechos relacionados con el conflicto armado.
La Fiscalía, bajo la dirección de la fiscal Abadía, ha ordenado nuevas diligencias que incluyen la recopilación de testimonios de antiguos integrantes de las AUC, como Salvatore Mancuso. El objetivo es establecer posibles vínculos entre el Bloque Metro, Carlos Castaño y personas mencionadas en la investigación, que permanece abierta. Uno de los aspectos más delicados del expediente es el asesinato de Jesús María Valle, un abogado y activista por los derechos humanos que denunció presuntas omisiones de autoridades departamentales frente a las acciones de grupos paramilitares en Ituango. La Fiscalía sostiene que existen elementos para investigar si Álvaro Uribe tuvo alguna responsabilidad en ese crimen, ocurrido en Medellín en 1998. El expediente también abarca hechos relacionados con las incursiones armadas en El Aro y La Granja, ocurridas cuando Uribe ejercía como gobernador de Antioquia. La publicación incluyó además referencias al escenario político previo a la segunda vuelta presidencial. Hasta el momento, ni Iván Cepeda ni otros protagonistas directos del proceso judicial habían emitido una respuesta sobre la nueva actuación de la Fiscalía.
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