La periodista Rosa María Palacios denunció que el Congreso aprobó un cambio legal para favorecer a Fuerza Popular y al partido Obras, al reducir del 50% al 30% el requisito de presentación de candidaturas regionales necesario para que una agrupación mantenga su inscripción. Según Palacios, la modificación se introdujo en pleno proceso electoral, alterando las reglas que debían estar fijadas desde un año antes de los comicios.
“En sus primarias no habían logrado presentar 13 candidatos a gobernaciones regionales (…) es un requisito de presencia nacional, lo mínimo que puedes hacer es presentar candidaturas en la mitad de las regiones del país”, señaló la analista. La nueva disposición baja el mínimo exigido para la presencia nacional de los partidos: de 13 gobernaciones requeridas pasó a ocho. Esto significa que agrupaciones que no consiguieron armar listas en suficientes circunscripciones serían beneficiadas retroactivamente.
Palacios advirtió que la reforma evita la pérdida de inscripción y del financiamiento público de partidos que, en sus primarias, no alcanzaron a presentar listas en la mitad de las regiones. Como el plazo de las primarias ya terminó, las agrupaciones ya no pueden presentar nuevas candidaturas, por lo que se optó por modificar la norma para reducir el número de candidatos exigido. Expertos consultados señalan que el cambio es inconstitucional.
La periodista sostuvo que la reducción de exigencias al 30% en la presentación de listas busca salvar el registro de agrupaciones como Obras, que no lograron cumplir con el requisito original. “Es un requisito de presencia nacional, lo mínimo que puedes hacer es presentar candidaturas en la mitad de las regiones del país”, reiteró Palacios, quien calificó la medida como perjudicial para la equidad electoral.
Rosa María Palacios calificó el cambio legislativo como inconstitucional y señaló que existen varias vías de impugnación: una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, acciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que la norma se declare inaplicable en el proceso actual y demandas de amparo con legitimidad de actores interesados. “Lo lógico es que un grupo de congresistas presente ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad. También lo puede hacer el fiscal de la Nación, lo puede hacer el defensor del pueblo, lo puede hacer el colegio de abogados de Lima. El problema es que el Tribunal Constitucional va a avalar esta barbaridad”, afirmó.
La conductora sostuvo que la modificación no establece una valla electoral para ganar cargos, sino un requisito de presentación. La consecuencia directa, explicó, es la protección del acceso a recursos públicos para partidos que, de no cumplirse el requisito original, habrían perdido el financiamiento directo: alrededor de 3 millones de soles al año, una cifra que, multiplicada por cinco años, implicaría millones en juego. De esta manera, se evitarían las sanciones previstas en la Ley de Organizaciones Políticas, incluidas la pérdida de inscripción y del financiamiento público.
Palacios también cuestionó la ausencia de pronunciamientos públicos de otros partidos, de congresistas con intereses en la materia y del presidente, quien aprobó la modificación antes de viajar a Italia para su encuentro con el Papa. “El señor [Arturo] Alegría (FP), que es presidente de la Comisión de Constitución, que nos cuente la historia completa. (…) han pasado 24 horas y se mantienen callados”, señaló.
Si la norma permanece, advirtió Rosa María Palacios, podría alterar la competitividad de las elecciones regionales y municipales de octubre. Permitiría a ciertas organizaciones mantener su inscripción y financiamiento pese a un déficit de presencia territorial que ya se evidenció en la etapa de primarias. La conductora cuestionó la responsabilidad de instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones para interpretar la aplicabilidad de la modificación y planteó que esto sienta un precedente sobre cambiar reglas electorales en pleno proceso.
“¿El jurado nacional de elecciones no tiene algo que decir? (…) no puede modificar la ley de partidos políticos en medio de la contienda para beneficiar con nombre propio aquellas candidaturas que no han presentado”, sostuvo.
Palacios concluyó apelando a la vigilancia ciudadana y al debate público. A su juicio, el desarrollo de los próximos días —reclamos judiciales, pronunciamientos del JNE y eventuales acciones ante el Tribunal Constitucional— será decisivo para saber si la modificación se consolida o si finalmente es declarada inaplicable en este proceso. Además, agregó que en la próxima semana se verán efectos concretos en las listas presentadas y que la discusión seguirá en los tribunales.
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