Rosa María Palacios, periodista y conductora de Sin Guion.

El excongresista y exalcalde Carlos Bruce calificó como fraudulenta la inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde de Lima. En su opinión, se trata de una maniobra para eludir la prohibición de reelección de autoridades municipales, una restricción que, según recordó, fue aprobada para impedir que quienes ocupan cargos ediles utilicen el aparato público como herramienta electoral de manera permanente.

Bruce sostuvo que la fórmula empleada por Renovación Popular para incorporar a López Aliaga en su plancha vulnera la norma vigente y constituye un supuesto fraude a la ley. Aunque el exlegislador dijo apoyar la reelección en términos generales, advirtió que esta modalidad de presentación busca sacar una ventaja indebida y socava la finalidad de la restricción legal. Para Bruce, permitir estas maniobras termina por legitimar prácticas inconstitucionales que atentan contra la igualdad entre competidores y la limpieza del proceso electoral.

“Su postulación es un fraude a la ley”, afirmó Bruce, quien argumentó que la reelección atenta contra la equidad democrática. La restricción, explicó, se aprobó precisamente para evitar el uso del aparato público como herramienta electoral permanente. De esta forma, el excongresista cuestionó que se busque burlar la prohibición vigente mediante una candidatura que, a su juicio, no respeta el espíritu de la norma.

El Jurado Nacional de Elecciones podría revisar la inscripción de Rafael López Aliaga si se considera que contraviene la norma, y en caso de confirmarse irregularidades, abrir procedimientos sancionadores o declarar nulidades, según advirtió Carlos Bruce. El congresista señaló que, aunque otros políticos han recurrido a métodos similares en el pasado, esa reiteración no los convierte en legítimos, y la conducta pública del propio alcalde aumenta la preocupación sobre el uso de atajos legales para presentarse a cargos que la norma pretende impedir. Bruce también alertó que, si tales acciones se mantienen, la percepción ciudadana sobre la transparencia electoral se deteriorará y se reforzarían prácticas que la ley buscó eliminar. En su diagnóstico, la reparación debe ser institucional: aplicación rigurosa de la norma y sanción de maniobras que busquen la reelección de cualquier manera.

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