El Poder Judicial incorporó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción como actor civil en el proceso que se sigue contra César de la Cruz y Edson Flores, exasesores de la congresista María Agüero. Con esta decisión, el Estado peruano queda habilitado para solicitar y acceder a una eventual reparación civil en el marco de la investigación preparatoria que afrontan ambos por el caso ‘Mochasueldos’.

La resolución fue emitida el pasado 10 de junio por el juez Abel Centeno, a la que tuvo acceso RPP. El magistrado declaró fundado el pedido presentado por la defensa legal del Estado para constituirse como actor civil, al concluir que cumple con los requisitos formales previstos en el artículo 100 del Código Procesal Penal. Además, tomó en cuenta que ninguna de las partes procesales formuló oposición dentro del plazo legal, por lo que dispuso su admisión.

De acuerdo con la investigación, De la Cruz y Flores son investigados por la presunta recolección ilícita de un porcentaje de los salarios de trabajadores del despacho parlamentario de la legisladora entre junio de 2022 y mayo de 2023. Si se acredita su responsabilidad, podrían ser condenados penalmente.

Como parte de su solicitud, la defensa legal del Estado planteó de manera preliminar que ambos exasesores asuman el pago de una reparación civil no menor de S/662 mil en favor del Estado peruano, en caso se determine su culpabilidad en este proceso penal.

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De acuerdo con la tesis fiscal, los dos exasesores de la congresista de Perú Libre, María Agüero, habrían actuado como presuntos recolectores y primeros receptores del dinero que, supuestamente, fue recortado de los salarios de 12 trabajadores de su despacho. Ese dinero habría sido entregado entre junio de 2022 y mayo de 2023, según la Fiscalía, que sostiene que Agüero “habría abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”.

Actualmente, César de la Cruz se encuentra en España, donde afronta un proceso de extradición activa solicitado por las autoridades peruanas en el marco de este caso. En tanto, Edson Flores continúa sometido a la investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia, medida que le permite afrontar el proceso en libertad y sujeto a determinadas restricciones. La legisladora, por su parte, es investigada por la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

Como parte de un operativo ejecutado a inicios de noviembre de 2024, las autoridades también allanaron la vivienda y las oficinas de Agüero.

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