La Encuesta de Expectativas Fiscales revela que el déficit fiscal de Perú alcanzaría el 2.1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026, una cifra que, aunque inferior a la proyectada el año anterior, supera el “techo” del 1.8% del PBI fijado por el Poder Ejecutivo. El sondeo, realizado entre expertos nacionales e internacionales, detalla que el 63% de los especialistas anticipa que el déficit se acercará a la meta, mientras que un 33% prevé que será superior y solo un 4% estima que será menor.

Las perspectivas a mediano plazo son aún más alarmantes. Los especialistas calculan que el déficit fiscal se mantendrá en 2.1% del PBI en 2027 y descenderá a 2% en 2028 y 2029. Sin embargo, las reglas fiscales establecen un techo de 1.4% del PBI para 2027 y una convergencia al 1% del PBI a partir de 2028, lo que evidencia un incumplimiento prolongado. “Los expertos advierten que los riesgos sobre el déficit seguirían sesgados al alza de seguir promulgando iniciativas legislativas con impacto fiscal, incrementándose el gasto corriente, eventuales apoyos a Petroperú y créditos suplementarios. En ese sentido, el accionar del Poder Legislativo es relevante para entender los riesgos sobre la sostenibilidad fiscal en los próximos años”, subraya el reporte.

Entre las principales razones del pesimismo destacan las presiones de gasto, las leyes aprobadas por el Congreso, las contingencias fiscales vinculadas a Petroperú, el aumento del gasto corriente y la incertidumbre sobre el próximo Gobierno. David Tuesta, presidente del CPC, explicó que, si bien en mayo el déficit fiscal se ubicó en 1.6% del PBI, las perspectivas actuales reflejan una preocupación por la situación fiscal estructural, sin considerar el efecto de los altos precios de los minerales.

La Encuesta de Expectativas Fiscales del CPC proyecta un déficit fiscal de 2.1% del PBI para este año. “Se ve cierto pesimismo respecto a la gestión de la política fiscal, más allá de que hayan mejorado en algo los números. Al parecer los expertos no han terminado de valorar la rapidez con la cual los ingresos tributarios están reaccionando a los altos niveles de los precios de los minerales”, comentó a Gestión. Por ahora, añadió, la mayoría de especialistas consideran un escenario de prudencia, asumiendo que esos precios eventualmente se moderarán. Las altas probabilidades de incumplimiento de la meta fiscal están vinculadas a varios factores que siguen presionando las cuentas públicas. Uno de ellos es el impacto de las normas aprobadas por el Congreso. Según el Consejo Fiscal, entre agosto de 2021 y abril de 2026 se promulgaron 287 leyes con efecto fiscal adverso, frente a las 108 registradas en el quinquenio previo. Solo evaluando 63 de esas 287 leyes, el costo fiscal anual permanente asciende a S/ 36.700 millones. Pese a ello, más de la mitad de los expertos considera que el retorno de la bicameralidad podría reducir la tendencia del Parlamento a aprobar medidas que comprometan la sostenibilidad fiscal, mientras que el 41% cree que la situación se mantendrá sin cambios. Otra preocupación central es la situación financiera de Petroperú. Tras la aprobación de un esquema de financiamiento por hasta US$ 2.000 millones a inicios de año, el 77,8% de los encuestados ve probable que el Gobierno apruebe una nueva medida de apoyo a la petrolera estatal durante los próximos meses. De ese grupo con perspectivas negativas, casi la mitad estima que un eventual apoyo adicional tendría un impacto fiscal de magnitud media sobre las cuentas fiscales.

Los expertos consultados por el CPC también evaluaron los planes de gobierno de los dos candidatos que disputan la segunda vuelta electoral. En ese análisis, el 70.4% consideró que el partido de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) presenta un balance fiscal aceptable, es decir, que habría espacio para cumplir promesas electorales sin descuidar la consolidación fiscal. En contraste, solo el 3.7% opinó lo mismo sobre el plan de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Aunque aún no hay un resultado oficial, Fujimori le saca ventaja a Sánchez en las preferencias.

Más allá de los planes de gobierno, el avance del gasto corriente del Ejecutivo es otra de las preocupaciones que alejan las perspectivas de la meta fiscal. Mientras el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta que el gasto del Estado se mantendrá en 14% del PBI en 2026 y 2027, la encuesta estima que este indicador alcanzará 14.8% este año y 15.1% en 2027, con previsiones al alza para 2028 y 2029. Esta diferencia refleja que los analistas perciben mayores dificultades para contener el gasto corriente en los próximos años, debido a la rigidez estructural del gasto —especialmente en remuneraciones, pensiones y transferencias— y a las presiones políticas y sociales.

Dentro de las preocupaciones que llevan a perspectivas aún lejanas de meta también está el crecimiento del gasto corriente.

¿Podrían cambiar las expectativas? Para David Tuesta, la posibilidad de alcanzar la meta fiscal dependerá en gran medida de la capacidad del próximo Gobierno para controlar el gasto. “El gran condicionante es, por un lado, que el nuevo Gobierno haga una gestión prudente del gasto, teniendo en cuenta que este ciclo favorable [de altos precios] se va a acabar en algún momento. Por otro lado, se necesitaría que los precios internacionales no se corrijan tan rápido [a la baja]”, sostuvo. Incluso si los precios internacionales de los minerales se mantienen elevados unos años más, cumplir las metas fiscales y “sorprender” a las actuales estimaciones depende de más factores. La expectativa es que los analistas ajusten sus proyecciones en los próximos meses y sean menos pesimistas conforme se conozcan las primeras decisiones del próximo mandato.

El presidente del CPC, Tuesta, señaló que si el nuevo Gobierno no adopta medidas correctivas, un incumplimiento prolongado de la regla fiscal durante los próximos cuatro años podría dañar la percepción de los inversionistas, en línea con las recientes advertencias del Consejo Fiscal. Para evitarlo, consideró que la propuesta de Fuerza Popular de crecer al 6% facilitaría el cumplimiento de las metas fiscales, siempre que se base en políticas que dinamicen los ingresos del Estado sin recurrir a un aumento de impuestos. “Lo que se requiere de un próximo Gobierno para mejorar las expectativas es una política basada en una fuerte promoción de la inversión privada que haga que el crecimiento aumente, la base tributaria crezca y por tanto haya mayores ingresos. Eso es fundamental para poder lograr una mejora de esas expectativas”, indicó.

Entre las acciones inmediatas que debería tomar la nueva administración con el próximo titular del MEF, Tuesta resaltó la necesidad de priorizar la eficiencia estatal y la reducción de gastos innecesarios. “Se puede hacer una fuerte reforma en la parte de eficiencia del funcionamiento del Estado, reducción de ministerios y de consultores [...] También se tendría que reducir los riesgos contingentes de gasto. Por ejemplo, en el caso de Petroperú, hay que evitar más salvatajes”, refirió.

Guadalupe Gamboa

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