La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó al Estado peruano a no promulgar la norma impulsada por el Congreso que amplía las competencias de la jurisdicción militar-policial, al considerar que favorecería la impunidad de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El pronunciamiento fue difundido este 18 de junio por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo titular, Volker Türk, pidió directamente al país no aprobar el proyecto que otorga a dicha jurisdicción la facultad de investigar y juzgar posibles violaciones de derechos humanos.

El organismo internacional advirtió que los casos de presuntas violaciones de derechos humanos deben ser investigados y juzgados por tribunales ordinarios, independientes e imparciales. “Las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional”, señaló la entidad en sus redes sociales. La advertencia se produce cuando el Congreso aún debe someter la iniciativa a una segunda votación para definir su futuro.

Volker Türk, alto comisionado de la ONU por Derechos Humanos, pidió al país no aprobar la ley. Foto: composición LR El proyecto aprobado en primera votación por el Congreso el pasado 12 de junio modifica el Código Penal Militar Policial y amplía las competencias de la jurisdicción militar-policial. La iniciativa, que recibió 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, establece que policías y militares no podrán ser investigados de manera simultánea por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en el fuero militar. En caso exista controversia sobre qué instancia debe asumir un caso, la propuesta otorga una posición preferente a la jurisdicción militar-policial. La observación de Naciones Unidas se dirige directamente a este texto legislativo. La iniciativa contó con el respaldo de bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular. En contraste, legisladores de izquierda y organizaciones de derechos humanos alertaron sobre los riesgos que tendría la norma para la rendición de cuentas en casos que involucren a agentes del Estado. La propuesta dispone que determinados casos sean resueltos dentro del fuero militar-policial y que los agentes no puedan enfrentar procesos paralelos por los mismos hechos en la justicia ordinaria. La ONU exhortó al Perú a no promulgar esta ley que, según advierte, favorecería la impunidad de policías y militares.

Organismos como la ONU han expresado preocupación y remarcan que las presuntas violaciones de derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas por tribunales ordinarios, independientes e imparciales. Esto ocurre mientras diversos legisladores cuestionan la propuesta porque consideran que amplía de forma excesiva el concepto de "delito de función", lo que podría permitir que hechos que actualmente corresponden a la justicia ordinaria sean trasladados al fuero militar-policial. Los promotores de la norma sostienen que el objetivo es evitar una doble persecución judicial contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cuando actúan en cumplimiento de sus funciones. Durante el debate parlamentario, congresistas que respaldaron el proyecto argumentaron que los efectivos deben ser juzgados por magistrados especializados que comprendan las particularidades de su labor y del uso legítimo de la fuerza.

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