Desde el 31 de marzo, con la entrada en vigencia del reglamento de la ley de protección de datos personales, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP), adscrita al Ministerio de Justicia, comenzará a imponer multas a las empresas que, tras un primer contacto, insistan en llamar a un consumidor que ya haya manifestado su negativa a recibir más información publicitaria. Las sanciones oscilarán entre 5 y 50 UIT, según precisó María Alejandra González, directora de la dirección de protección de datos personales de la ANPDP, quien sugirió a los consumidores recopilar pruebas para fortalecer sus denuncias ante la entidad.

No obstante, el reglamento autoriza a las empresas a realizar ese primer contacto —una llamada— para solicitar el consentimiento del consumidor y ofrecerle información publicitaria. Si la persona no da su autorización, la empresa no debe volver a llamarla; de lo contrario, será sancionada. Esto significa que, si se entiende como llamadas spam a aquellas que recibimos de empresas para ofrecernos productos o servicios sin haberlo solicitado, “esta situación se mantendrá; no será el fin de las llamadas spam”, subrayó el abogado Jaime Delgado, excongresista y especialista en defensa del consumidor.

Delgado cuestionó que las empresas sigan teniendo derecho a llamar a los consumidores sin que estos lo requieran para un primer contacto. “Las empresas no deben tener derecho a llamarte para hacer un primer contacto, estamos saturados de esas llamadas. Que su publicidad la hagan por medios masivos, por medios como televisión, radio, etcétera, pero no tienen por qué invadir tu privacidad”, sostuvo.

“Es importante que el usuario alcance las pruebas: guarde los números, si puede grabar la llamada, mejor; hacer capturas de pantalla, para poder denunciar ante la dirección de fiscalización de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Será importante que los ciudadanos denuncien, pues muchas veces no se denuncia”, indicó.

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Por su parte Jaime Delgado cuestionó que se traslade la carga de la prueba a los usuarios. “Por qué tener que hacer ese trámite, por qué hacer perder tiempo a los ciudadanos”, criticó.

Sin embargo, para Alexander Montenegro, abogado del estudio Monroy & Shima Abogados, el interponer la denuncia será clave para acabar con las llamadas spam. “Tiene que haber de alguna u otra manera, una acción del consumidor. Si nadie denuncia tras el segundo contacto no autorizado, las empresas seguirán llamando”, advirtió.

Ya existe una regulación similar en el Código de Protección de Defensa del Consumidor

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en el Código de Protección de Defensa del Consumidor, vía un cambio normativo implementado el 2018, ya existe una regulación similar a la que establece el reglamento de la ley de protección de datos personales. No obstante, muchas empresas siguen llamando a los usuarios sin tener un consentimiento previo e insisten en nuevas llamadas aún cuando el usuario solicitó que ya no lo hagan; todo ello a pesar de que estas acciones podrían ser multadas por el Indecopi.

Esta situación ha llevado al Congreso a desarrollar una iniciativa legislativa más restrictiva: prohibir ese primer contacto a iniciativa de la empresa y solo permitir llamadas publicitarias si el primer contacto lo hizo el usuario, solicitando la información de su interés.

Aunque el proyecto fue aprobado por el pleno del Congreso en 2024, el Gobierno lo observó y la votación por insistencia aún está en trámite legislativo. María Alejandra González, de la ANPDP, explicó que esta iniciativa modificaría lo dispuesto por el reglamento de la ley de protección de datos personales. “Si se aprueba una ley para que este primer contacto (de parte de la empresa) ya no sea válido, se eliminaría esta posibilidad, pues esa (futura) ley tiene una jerarquía mayor”, indicó. Jaime Delgado, en cambio, consideró que el proyecto del Congreso sí ayudará a reducir las llamadas spam. “Por ejemplo, si estoy interesado en determinado producto u oferta, puedo llamar y pedir que luego me la envíen. El primer contacto debe ser por iniciativa del consumidor y no de la empresa”, remarcó. Sobre la iniciativa para eliminar el primer contacto de las empresas, Alexander Montenegro, abogado del estudio Monroy & Shima Abogados, señaló que “el Congreso va a tener que ponderar qué va a primar más: el interés empresarial o la defensa más absoluta de los derechos del consumidor”. José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.

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