En el foro “El Perú frente a un nuevo ciclo económico y político”, organizado por la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, los extitulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel Castilla y Mercedes Araoz, coincidieron en que el país arrastra graves deficiencias en gestión pública y seguridad, pese a contar con un entorno externo favorable y resiliencia macroeconómica. Ambos se enfocaron en las prioridades que debería asumir el próximo Gobierno para reconciliar a una nación peligrosamente fracturada, tal como lo evidenciaron los últimos comicios con dos mayorías polarizadas de votantes.

Según los exministros, el gran reto del Gobierno entrante es superar la polarización entre Lima y el resto del país. La reconciliación, expusieron, no es solo un deseo político sino una necesidad para alcanzar la estabilidad y seguridad que el desarrollo exige. Araoz se concentró en la resolución de las demandas sociales insatisfechas, puntualmente en la pobreza multidimensional. Señaló que la fractura social es comprensible cuando más del 25% de la población vive en pobreza monetaria y enfrenta brechas en educación, incidencia de anemia y falta de acceso a servicios básicos.

Castilla, por su parte, insistió en que el Perú no puede progresar sin estabilidad política y social, algo que ha sido esquivo en los últimos años. Subrayó la urgencia de restaurar la seguridad jurídica, es decir, el respeto a los contratos y arbitrajes, con el fin de dejar de ser “protagonistas” en los casos que revisa el Ciadi. Además, identificó como otro reto central revertir la “desinstitucionalización” del Estado, lo que implica recuperar el capital humano y los cuadros técnicos perdidos por la alta rotación de autoridades.

Durante el diálogo, Pablo Cateriano, presidente y socio fundador de Métrica Perú, advirtió que la "herida" dejada por las protestas contra Dina Boluarte sigue abierta. El también periodista analizó cómo la percepción pública y el comportamiento político son fundamentales para la viabilidad de un gobierno, sobre todo en un país con instituciones frágiles. Recomendó un acercamiento real con las fuerzas que no apoyaron al próximo Gobierno para ganar legitimidad y sostuvo que el principal reto es dejar un legado positivo, reconstruyendo una imagen vinculada al respeto democrático. En esa línea, sugirió priorizar la macrorregión sur, subrayando que ese grupo ciudadano es un público al que se le debe reconocer que el modelo actual no lo ha beneficiado lo suficiente. Además, advirtió que la reputación del nuevo Gobierno dependerá de la postura que tome su bancada frente a futuras investigaciones sobre esos eventos. El especialista también abordó el tema de las economías ilegales, señalando que actividades ilícitas como la minería ilegal y la trata de personas son la “madre del cordero” de la inseguridad en las regiones. Consideró el elemento “superación del miedo a la gestión pública”, mencionando que la persecución política y judicial a los funcionarios aleja al talento técnico de regresar al Estado, pues prima el temor a represalias legales años después de su gestión. No dejó de lado el cierre de brechas de infraestructura. Argumentó que la desconexión entre el gasto presupuestal y el impacto real en obras alimenta un descontento legítimo en muchas partes del país. Las regiones con mayores niveles de pobreza multidimensional son Loreto y Puno. (Imagen: Andina)

Leer artículo completo en gestion.pe →