La dependencia peruana de los combustibles importados se ha intensificado: en 2023, el 75% de la demanda de diésel fue cubierta con producto foráneo, más del doble del 33% registrado en 2003. Esta creciente exposición a la volatilidad de los precios internacionales, según advierte el Instituto Peruano de Economía (IPE), genera riesgos tanto para el bienestar de la población como para la estabilidad macroeconómica del país.
Para mitigar el impacto de esas fluctuaciones en el mercado local, en 2004 se creó el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). Aunque esta política ayuda a amortiguar parcialmente las alzas internacionales, enfrenta limitaciones que afectan su funcionamiento, reducen su efectividad y comprometen su sostenibilidad. A dos décadas de su creación, y en un contexto de déficit fiscal lejos de la meta, corresponde analizar su alcance y limitaciones.
El alto consumo de combustibles importados ha profundizado el déficit histórico de la balanza comercial de hidrocarburos, que se ha multiplicado por más de seis en los últimos veinte años. Además, pese al incremento sostenido de las exportaciones de gas natural, desde 2021 la balanza también es deficitaria en términos volumétricos, lo que evidencia la magnitud del desbalance energético.
La fuerte dependencia del Perú de proveedores externos para cubrir su demanda interna de combustibles expone a la economía a riesgos significativos. Cualquier perturbación en los mercados internacionales —ya sea por conflictos geopolíticos o cambios en la oferta global— se refleja de inmediato en los precios locales, acelerando la inflación, reduciendo el poder adquisitivo de las familias y frenando la actividad económica. Esto incrementa los riesgos de desaceleración y un mayor nivel de pobreza en el país.
Para enfrentar esa volatilidad, el Gobierno creó el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) con carácter temporal. La idea era que, cuando los precios internacionales subieran, el fondo cubriera parte del incremento para que los consumidores no lo pagaran completo; y cuando bajaran, acumulara un excedente para recuperar lo gastado. En teoría, el mecanismo debía autofinanciarse sin generar un costo fiscal permanente. Sin embargo, el costo del subsidio ya asciende a S/ 18,000 millones y su continuidad está en duda.
Esta vulnerabilidad se hizo especialmente notoria durante la crisis energética de 2021-2022. En ese período, el alza del petróleo —impulsada por la recuperación pospandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania— disparó los costos de los combustibles en el mercado peruano. Sobre estos aspectos y el uso eficiente de recursos energéticos y fiscales, el IPE presentará próximamente el estudio “Mercado energético en el país: barreras y oportunidades”.
En sus dos décadas de existencia, el FEPC solo ha tenido saldos anuales positivos en cinco oportunidades, lo que lo ha convertido, en la práctica, en un subsidio permanente a los combustibles. A mayo de 2024, el costo total acumulado del fondo supera los S/ 18,000 millones reales y ha requerido hasta treinta inyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) —que suman más de S/ 17,000 millones— para poder cumplir con sus obligaciones. Esta dependencia de recursos externos ha generado serias dudas sobre su viabilidad, ya que el mecanismo no logra sostenerse por sí mismo. La situación se agrava en un contexto de caída de los ingresos fiscales y con la previsión de que, por segundo año consecutivo, se incumpla la meta de déficit fiscal. Entre 2019 y 2023, el costo anual real del FEPC promedió S/ 756 millones, lo que lleva a preguntarse si esos recursos podrían tener un destino más eficiente, sobre todo ante el actual estrés fiscal que enfrenta el país. Organismos internacionales como el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugieren reemplazar mecanismos como el FEPC por programas más focalizados y de menor costo fiscal, dirigidos exclusivamente a las familias más vulnerables. De esta manera, se busca aliviar la presión sobre las cuentas públicas sin desproteger a quienes más lo necesitan.
El futuro del FEPC
Stephani Maita, Economista Senior del IPE, planteó que el Gobierno debe evaluar alternativas que protejan a los consumidores de alzas repentinas de precios, pero que también fomenten una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Entre las prioridades a considerar están la focalización de los subsidios hacia los sectores más vulnerables, una mejor fiscalización de la cadena de comercialización y el uso eficiente de los recursos energéticos disponibles.
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