El estrecho margen entre Keiko Fujimori (50.107%) y Roberto Sánchez (49.893%) en el balotaje presidencial ha puesto bajo la lupa la legitimidad y la logística del voto de los peruanos residentes en el extranjero. Ante la controversia política generada, el internacionalista Francisco Belaúnde y la experta en derecho electoral Silvia Guevara Pérez analizaron en el programa Prueba de Fuego la importancia de esta circunscripción y las garantías en la custodia de las actas procesadas por la ONPE.

Francisco Belaunde y Silvana Guevara hablaron sobre el voto de los peruanos en el extranjero en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Ciudadanía sin fronteras: el debate sobre restringir el voto

Ante propuestas que buscan limitar el derecho al sufragio de los connacionales según su tiempo de residencia fuera del país, Francisco Belaúnde calificó la iniciativa como un despropósito. El internacionalista destacó que muchos peruanos emigraron por circunstancias difíciles sin renunciar a su vínculo con el Perú, donde mantienen lazos familiares y económicos.

Belaúnde tildó de "barbaridad" la intención de suprimir el derecho al voto de los peruanos en el exterior y afirmó que sería un acto de "discriminación". Para el especialista, plantear un límite de 10 o 15 años para restringir el sufragio carece de base jurídica, pues la nacionalidad se mantiene intacta con el tiempo. Recalcó que estas iniciativas solo pretenden excluir a un sector de la población que sigue participando activamente en la vida nacional.

Base constitucional y representación política

Desde el ámbito legal, Silvia Guevara Pérez señaló que la Constitución define las causas para perder la ciudadanía y "vivir en el exterior no es una de ellas". La especialista recordó que, desde 2021, los peruanos en el exterior constituyen una circunscripción electoral propia con dos escaños en el Congreso, lo que evidencia su relevancia numérica y el vínculo que sostienen mediante remesas y propiedades.

Guevara Pérez indicó que el sistema electoral ha avanzado desde 1980 para incorporar a los ciudadanos en el extranjero, por lo que no cabe una desconexión institucional. La experta afirmó que "no hay ninguna restricción en la norma electoral que está orientada a limitar el derecho de sufragio" por motivos de ubicación geográfica.

Logística y cadena de custodia en el balotaje

Uno de los aspectos más debatidos ha sido la modificación en el procesamiento de las actas entre la primera y la segunda vuelta, lo que ha llevado a Juntos por el Perú a presentar recursos de nulidad. Guevara Pérez sostuvo que la decisión de la ONPE de no digitalizar las actas en los consulados y trasladarlas físicamente al Perú responde a una facultad logística para asegurar la transparencia y disipar dudas sobre la labor de las oficinas consulares.

"Un lineamiento es un documento, un instrumento orientador que está dentro de las competencias de la ONPE, poder determinar la forma logística y de cómo va a llevar y a materializar finalmente el desarrollo de sus competencias", manifestó la especialista.

Asimismo, indicó que para evitar cualquier manipulación del material electoral, la ONPE dispuso el uso de valijas diplomáticas, las cuales están exentas de las revisiones habituales de equipaje. De este modo, tanto las actas como las cédulas de sufragio permanecen selladas y bajo custodia hasta llegar a los centros de procesamiento oficiales en el país, explicó.

Cuestionamientos sobre interferencia política

La entrevista también abordó las sospechas sobre el reemplazo de embajadores en países con alta concentración de votantes, como Estados Unidos y España. Francisco Belaúnde descartó estas acusaciones al señalar que los cambios diplomáticos no son inmediatos y que los funcionarios permanecen en sus puestos hasta el cambio de gobierno, por lo que su influencia en un proceso electoral dirigido por diplomáticos de carrera sería inexistente.

"Hay cierta desesperación por el resultado y están viendo, jalando, tratando de jalar algún argumento absurdo para tratar de poner la duda", cuestionó Belaúnde.

El internacionalista consideró que los argumentos que vinculan los nombramientos políticos con la conducción de los consulados carecen de razonabilidad. Para el especialista, estas críticas forman parte de una narrativa de sospecha que no se ajusta a la realidad administrativa de las misiones peruanas en el exterior.

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