Ministerio de Justicia actualiza y completa los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) informó que ha completado la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, el órgano encargado de analizar y proponer la concesión de estos beneficios. La medida llega seis días después de que se rechazara el pedido de indulto presentado por el expresidente Pedro Castillo.

La comisión quedó integrada por cinco miembros, tal como exige la ley. Magno Abraham García Chávarri asumió la presidencia del grupo. Lo acompañan los comisionados Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Martín Antonio Salgado Arroyo y Pablo Michael Huerta Canales. En representación del Despacho Presidencial se incorporó Carlos Antonio Bazo Ramírez, mientras que Jhoner Michael Quispe Romani ejercerá como secretario técnico, a cargo de la coordinación administrativa.

Este equipo de trabajo tiene la función de revisar, analizar y proponer al presidente de la República qué internos pueden recibir un perdón de su pena. Los beneficios que evalúa incluyen el indulto común, el indulto por razones humanitarias —aplicable en casos de enfermedades graves— o una reducción de la condena.

Con la designación del último comisionado, el grupo recupera su capacidad para agilizar la revisión de los expedientes de los presos que solicitan estos beneficios, luego de un periodo en el que no contaba con todos sus integrantes.

La renuncia de la abogada Lesli Gonzales Cabanillas, presentada el pasado 13 de mayo ante el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, motivó la necesidad de completar el equipo de trabajo de la Comisión de Gracias Presidenciales. Su salida ocurrió en un momento de alta atención pública, justo cuando el comité evaluaba los pedidos de libertad para el exmandatario Pedro Castillo. En su carta de renuncia, Gonzales aclaró que su decisión no se debió a presiones o compromisos políticos, sino al acoso en redes sociales y medios de comunicación que sufrió debido a su lugar de origen. Al haber nacido en Chota (Cajamarca), la misma localidad de donde proviene Castillo, su capacidad profesional comenzó a ser cuestionada. La abogada defendió el derecho de los ciudadanos a vigilar el trabajo de las autoridades, pero rechazó que esto se convierta en hostigamiento personal o familiar. Asimismo, señaló que calificar su desempeño en la Comisión basándose en su procedencia es un prejuicio. Imagen referencial Se recuerda que el 10 de junio, la Comisión de Gracias Presidenciales rechazó la sexta solicitud de indulto al expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión en el penal de Barbadillo. Tras revisar el expediente, el comité concluyó que el pedido no cumplía con los requisitos legales obligatorios para recibir este beneficio, por lo que el exmandatario continúa recluido. El abogado de Pedro Castillo, Carlos Perea, consideró que el rechazo era previsible desde el punto de vista legal, pues un indulto requiere que el procesado tenga una sentencia firme y definitiva, condición que aún no se cumple con el exmandatario. Por ello, confirmó que la defensa ya no insistirá en nuevos pedidos de perdón presidencial en el Perú y optará por otras vías legales. La nueva estrategia se centrará en llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Perea indicó que se reunió con Castillo en prisión para coordinar este plan y que actualmente recopilan y evalúan todos los documentos necesarios. Según el letrado, el expresidente considera que la intervención de la justicia internacional es ahora la alternativa más importante para cuestionar su situación jurídica actual.

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