“Llevamos casi cinco años con un crecimiento sostenido de este flagelo. Los negocios no están abriendo y muchos están cerrando por miedo”, afirma Leonidas Jiménez, comerciante del Cercado de Lima. Su testimonio refleja una crisis que trasciende las denuncias formales y se manifiesta en calles con menos comercios y una economía barrial que pierde terreno frente a la presión del crimen organizado.
La extorsión ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en una práctica que condiciona la actividad económica. Comerciantes pequeños, bodegueros y dueños de negocios operan bajo la obligación de pagar cupos; negarse implica amenazas, ataques o el cierre definitivo. “Durante los últimos cinco años, el 99% de nuestros socios han pasado por problemas de extorsión, a algunos hasta tres veces los siguen extorsionando”, señala Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.
Las cifras respaldan esa percepción. Según una encuesta de Ipsos realizada para el Observatorio del Crimen y la Violencia, el porcentaje de peruanos que ha presenciado el cierre o la restricción de actividades de bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias y otros negocios en su barrio por inseguridad ciudadana subió de 32% a 45% en solo un año. Lima es la región más afectada (59%) y el fenómeno impacta por igual a todos los niveles socioeconómicos, según el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia.
“La inseguridad no se limita al temor por la integridad física: está cerrando negocios, retrayendo ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos. No estamos frente a un problema puntual, sino frente a un fenómeno que está erosionando las bases mismas de la vida económica y social del país”, advirtió Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y uno de los autores del informe.
Entre enero y mayo del 2026 se registraron 131 homicidios y homicidios fallidos contra conductores, cobradores y pasajeros, con una concentración abrumadora en Lima y el Callao, y en menor medida en Piura, La Libertad e Ica. La investigación revela que la violencia sigue corredores metropolitanos específicos que conectan Lima Norte y Lima Este con un sur metropolitano –San Juan de Miraflores y Villa El Salvador– más afectado de lo que se pensaba inicialmente, con un claro predominio en horario nocturno.
Por su parte, Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del reporte, señaló que “la extorsión sigue siendo, para todo fin práctico, un delito impune. En ocho años, con casi 23.000 presos más en el sistema penitenciario, el número de internos por extorsión apenas pasó de 1.328 a 1.498. Es como si nada se hubiera movido”.
“Muchos prefieren pagar. No denuncian porque los amenazan a ellos, a sus familias, a sus empleados. Hay casos en los que intentan incendiar los negocios o disparan contra las fachadas para presionar”, explicó Luzmila Buendía, comerciante del emporio de Gamarra.
Este subregistro distorsiona cualquier medición real del fenómeno. Aunque las autoridades reportan una disminución en las denuncias durante 2026, la percepción en los barrios es distinta: "la presión se mantiene" y, en algunos sectores, incluso se intensifica. La situación no solo implica cierres, sino que también ha frenado la creación de nuevos negocios. "Hoy en día tú no ves que se estén abriendo tiendas. La gente no quiere invertir porque sabe que va a tener que pagar. Y eso hace inviable cualquier emprendimiento pequeño", señala Andrés Choy.
Para expertos en seguridad, la extorsión funciona hoy como una de las principales fuentes de financiamiento de las estructuras criminales. Un oficial de la Dirección de Investigación Criminal lo describe como un ‘impuesto criminal’ que no solo genera ingresos, sino que también permite sostener otras actividades ilegales como el sicariato y el control territorial. Este sistema opera con múltiples actores. Aunque bandas como Los Mexicanos y Los Injernos del Cono Norte son señaladas como protagonistas, también hay otros delincuentes comunes que utilizan sus nombres para intimidar y extorsionar. "Hay mucha gente que no pertenece a esas bandas, pero se hace pasar por ellas. El comerciante no tiene cómo saberlo y termina pagando igual", advierte el oficial. El resultado es un esquema fragmentado, en el que un mismo negocio puede recibir exigencias de varios grupos al mismo tiempo, lo que eleva la presión económica y el riesgo.
El informe dedica un apartado especial a los transportistas, señalados como el sector más golpeado por la extorsión y el sicariato. Asimismo, se registra un incremento significativo en el impacto sobre la salud mental: la proporción de adultos que considera que sus niveles de ansiedad y estrés han aumentado —“algo” o “mucho”— a causa de la inseguridad pasó de 75% en 2025 a 78% en 2026. Este crecimiento fue especialmente marcado en la zona norte del país y en las áreas urbanas del interior. Además, el estudio presenta un nuevo Índice del Crimen Violento (IDCV), que suma homicidios y feminicidios —consumados y fallidos— para capturar aquellos casos con intención letal, aunque la víctima sobreviviera. Entre enero y mayo de 2026, el IDCV registró 1.054 casos a nivel nacional, con una tendencia al alza impulsada principalmente por los homicidios fallidos. Entre las regiones del interior, Ica aparece como la más afectada al combinar números absolutos y población. A nivel provincial, San Antonio de Putina (Puno), vinculada a la minería ilegal, alcanzó una tasa de 92,89 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del resto.
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