Con casi el 100% de actas escrutadas tras una segunda vuelta electoral dispersa, Keiko Fujimori se impondría con el 50.088% de los votos frente al 49.912% de su contendor, una diferencia de aproximadamente 40.000 sufragios. Este margen, según el analista Alberto Quintanilla, refleja la grave desigualdad económica y política que atraviesa el país. El dato territorial es revelador: 1749 distritos votaron por Sánchez, mientras que solo 411 respaldaron a Fujimori a nivel nacional.

Desde la elección de Alberto Fujimori en 1990, Lima y la costa norte se han alineado frente al sur y los territorios andinos. En paralelo, la población andina inició un proceso de ejercicio directo de sus derechos políticos que culminó con el acceso a la presidencia en 2021, pese al racismo y la discriminación persistentes. Esta fractura territorial, ante propuestas claramente diferenciadas, plantea un serio desafío de gobernabilidad para cualquiera de las dos candidaturas.

Quintanilla advierte que si Fujimori gana, no será posible alcanzar estabilidad política, pues impulsa medidas bajo la excusa de atraer inversión privada sin considerar las condiciones laborales, los ingresos, los impuestos ni las transformaciones necesarias. "Impulsar la mayor concentración de riqueza y activos resulta insostenible", sostiene. Además, señala que las sospechas de fraude han estado presentes en diversos procesos: desde el referéndum de la Constitución de 1993, pasando por las elecciones de 2016 y 2021, hasta los comicios de este 2026, debido a los cambios inexplicables de las reglas en pleno desarrollo electoral.

Pese a la actuación de Fuerza Popular, construir legitimidad requiere que el JNE adopte una acción institucional y extraordinaria, como la que ejerció al habilitar un segundo día de elecciones. Hoy es necesario recontar los votos de Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil y Puno. "La transparencia genera legitimidad", concluye Quintanilla.

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