Asimismo, hubo avances en la ejecución. En 2019, se empleó el 89.4% de los recursos asignados; en 2020, hubo una ligera caída (88.3%), que se explica por la crisis sanitaria; y entre 2021 y 2025, el avance osciló entre 90% y 96%. No obstante, no ha llegado al 100% pese a la ola de criminalidad.
La inseguridad ciudadana, lejos de replegarse, se ha convertido en un elemento que golpea cada vez más fuerte a la economía del país. Ya el empresariado lo ha señalado como uno de los temas que debe estar en la agenda urgente de los 100 primeros días del siguiente Gobierno, independientemente de quien asuma la presidencia.
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Devolución presupuestal que impacta
José Elice, extitular del Ministerio del Interior (Mininter), recuerda que, aunque el presupuesto es amplio, la mayor parte se destina a la Policía Nacional del Perú (PNP): la planilla abarca entre 120,000 y 140,000 efectivos.
Es decir, gran parte de estos recursos se consume en gastos operativos y no necesariamente en inversión. En esa línea, critica la existencia de más de 20 escuelas policiales, cuando, según su criterio, no deberían ser más de cinco para garantizar la calidad de la formación.
Coincide Alonso Flores, investigador del Instituto de Criminología: “Una parte importante del presupuesto del sector continúa concentrándose en gastos corrientes y obligaciones operativas, mientras persisten brechas en tecnología, inteligencia criminal, investigación, infraestructura policial, sistemas de información y equipamiento especializado".
Así, pone la lupa sobre el presupuesto que se destina únicamente al Mininter y detalla que, entre 2021 y lo que va del 2026, el monto se incrementó en 25%: pasó de S/ 10,707 millones a S/ 13,397 millones, según observa en el Sistema Integrado de Administración Financiera, una herramienta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Al respecto, concluye que “el principal problema no parece ser la falta de presupuesto, sino las limitaciones en la ejecución y gestión de los recursos disponibles”.
“La evidencia muestra dificultades persistentes para transformar los recursos asignados en capacidades operativas concretas para la Policía Nacional. Entre 2021 y 2025, el Ministerio del Interior dejó de ejecutar, en promedio, alrededor de S/ 310 millones por año, recursos que fueron devueltos al Tesoro Público. Solo en 2025, el monto no ejecutado alcanzó aproximadamente S/ 736 millones”, añade.
La magnitud de estas malas decisiones, afirma Flores, resulta significativa. “Con ese monto se habría podido financiar, de manera referencial, la adquisición de cerca de 50,000 cámaras corporales para efectivos policiales, incorporar alrededor de 7,000 policías adicionales a labores operativas o recuperar más de 1,200 espacios públicos en zonas con alta incidencia delictiva”, precisa.
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