La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil condenó este martes a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por el delito de coacción a la justicia. La pena impuesta es de cuatro años y dos meses de prisión en régimen inicial semiabierto, además de una multa equivalente a 50 días de salario. La sentencia aún puede ser apelada.
Los magistrados Alexandre de Moraes, Cristino Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino votaron de manera unánime a favor de la condena. Según la investigación, el exdiputado federal realizó gestiones en Estados Unidos para promover sanciones contra Brasil y magistrados que participaban en procesos relacionados con su padre, en el marco del caso por el supuesto golpe de Estado. La Procuraduría General y la Fiscalía General argumentaron que las pruebas demostraban una estrategia para presionar al Poder Judicial brasileño. El subprocurador Antônio Edílio Magalhães Teixeira sostuvo ante la corte que el caso era claro desde el punto de vista penal y que el conjunto de evidencias confirmaba la existencia de coacción.
Durante su voto, Alexandre de Moraes señaló que existieron pruebas suficientes de que el acusado intentó interferir en la actuación de los jueces encargados del caso. El magistrado afirmó que la conducta atribuida al excongresista no podía considerarse una actividad legislativa protegida por la inmunidad parlamentaria. “No es función de un diputado federal brasileño ejercer presión en el extranjero contra su propio país”, declaró. También rechazó el argumento de la defensa sobre la libertad de expresión y subrayó que las acciones investigadas tuvieron como objetivo impedir una eventual condena a Jair Bolsonaro.
La defensa de Eduardo Bolsonaro, a cargo del defensor público Esdras dos Santos Carvalho, sostuvo que su cliente no tenía capacidad de decisión sobre la política exterior de Estados Unidos y que sus manifestaciones estaban amparadas por la libertad de expresión. Sin embargo, la investigación del Tribunal Supremo de Brasil concluyó que las actuaciones del diputado estaban relacionadas con el proceso penal que enfrentaba su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en un complot vinculado a los acontecimientos posteriores a las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Entre los elementos analizados figuraron declaraciones oficiales, publicaciones en redes sociales y contactos mantenidos desde Washington. Según la acusación, esas acciones buscaban promover sanciones estadounidenses contra magistrados y otras autoridades. El juez Alexandre de Moraes señaló que el propio acusado reconoció que se trasladó a Estados Unidos en 2025 con el fin de acercarse al entorno político de Donald Trump. La corte examinó declaraciones en las que relataba iniciativas que buscaban impulsar sanciones contra jueces brasileños. Para la magistrada Cármen Lúcia, existió una secuencia de actos orientados a influir en las decisiones judiciales. Su colega Cristino Zanin afirmó que las pruebas revelaban una intención clara de coaccionar a la Suprema Corte durante la tramitación del juicio por golpismo. Los jueces consideraron que el propósito era evitar consecuencias judiciales para el exmandatario.
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